Prensa Explícita La realidad al desnudo
Tras la escandalosa salida de Sergio Neiffert de la SIDE, el Gobierno presentó la nueva Política de Inteligencia Nacional mediante un documento que fue calificado como «estratégico» porque busca redefinir el funcionamiento de los organismos de inteligencia. Pero la medida ya genera algunas tensiones porque presenta algunos artículos que estarían habilitando el espionaje a opositores.
A través del Decreto 864/2025, publicado en el Boletín Oficial, la Casa Rosada intenta redefinir la orientación del organismo luego de la salida de Neiffert y el ingreso de Cristian Auguadra, quien responde al asesor Santiago Caputo y cuya designación fue cuestionada por el kirchnerismo.
En principio, la medida ordena a la SIDE confeccionar la próxima Estrategia de Inteligencia Nacional. No está claro si ese documento reemplazará el Plan de Inteligencia Nacional, que quedó en suspenso al no pasar la bicameral de Inteligencia, que cuestionó varios puntos del programa presentado en su momento por Neiffert.
Según se fundamenta en la nueva normativa, desde el Gobierno buscan definir objetivos específicos y prioridades para adecuar el sistema al contexto geopolítico actual. Y dentro de los lineamientos y objetivos generales de la política de inteligencia, se establecen 10 puntos centrales. Pero uno de los que hace ruido en la oposición es el artículo 2 titulado «Superioridad de la información y riesgo de influencia externa».
En este punto, plantea que con la misión de defender «la soberanía cognitiva» se habilita a los organismos de inteligencia a detectar aquellas «operaciones» que entender del Gobierno pueden » erosionar la cohesión social, condicionar procesos electorales».
La normativa le da poder a la SIDE para «identificar, reconocer, monitorear y analizar riesgos y/o amenazas provenientes de influencias externas mediante la difusión deliberada de información falsa o engañosa con la intención de influir en la opinión pública».
Desde la oposición alertan que esa medida puede habilitar el espionaje a políticos de la oposición, empresarios, dirigentes sindicales y periodistas.
El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) advirtió que la redacción del decreto presenta una definición «bastante amplia, poco precisa y ambigua» porque puede dar lugar a que cualquier opinión, crítica o contenido se interprete como una “alteración de la percepción de la realidad”.
Pero otro de los puntos que también prendió las alarmas en la oposición es el titulado «Recursos naturales estratégicos e incidencias en la biósfera con efectos en el interés nacional». Puntualmente lo que se cuestiona es que la normativa le permite a la SIDE «monitorear y analizar riesgos, amenazas y/o escenarios relevantes a nivel nacional, regional y global que pudieran impactar en la preservación y/o libre disponibilidad de los recursos naturales estratégicos y la cadena de valor».
De esta manera, el organismo podría intervenir en una protesta en defensa de los recursos naturales como en un paro de transportistas que impida la llegada de combustible a los centros urbanos.
No es la primera vez que el Gobierno genera polémica con este tema. El Plan de Inteligencia, que quedó en suspenso, fue cuestionado porque con el argumento de defender la seguridad nacional y evitar ciberataques se permitía al organismo «analizar a quienes puedan cuestionar el desarrollo económico», abriendo la puerta a un posible espionaje a economistas y periodistas.
Frente a este panorama, representantes de la oposición ya comenzaron a pedir que la bicameral de Inteligencia convoque al nuevo titular de la SIDE para aclarar los puntos críticos del decreto.
Lo cierto es que la política de inteligencia fue presentada tras un proceso de reorganización de los organismos a partir de la disolución de la AFI y la creación de nuevos organismos como el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) y la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC).
Estos cambios también fueron cuestionados por la oposición en el ámbito de la bicameral porque terminaron afectando la verticalidad del organismo y provocaron la caída de Neiffert.
Dentro de esos puntos se busca asegurar la soberanía y autonomía de la Nación, proteger la integridad territorial y la legitimidad del Estado, proteger la vida, libertad, bienes y derechos de los habitantes, asegurar la vigencia del sistema democrático republicano y federal, y preservar los recursos estratégicos.
Los términos del decreto aún no fueron debatidos en el ámbito de la comisión parlamentaria, pero establece en su objetivo detectar aquellas dinámicas de «fragmentación territorial, conflictividad latente y presencia extranjera en espacios sensibles».
El documento también incluye un capítulo dedicado a la lucha contra el terrorismo. En este sentido, el Gobierno alerta que el país está expuesto a «redes transnacionales vinculadas a Medio Oriente, particularmente en zonas de frontera y circuitos informales».
Además hace referencia al combate del crimen organizado y se advierte sobre la existencia de «rutas estratégicas, zonas de frontera permeables y circuitos financieros informales» que operan para los grupos criminales.
La política de inteligencia fue presentada luego de que la bicameral de Inteligencia, bajo la presidencia de Martín Lousteau, aprobara los informes de gestión de 2023 y 2024 de la SIDE, aunque no se conocen detalles de los documentos porque son secretos.
El organismo de inteligencia lleva ejecutado un presupuesto de $106.000 millones y para 2026 tiene asignada una suma de $97.000 millones, a lo que hay que agregar otras partidas extraordinarias por las facultades que se le otorga a la jefatura de Gabinete.
Durante la última reunión de la bicameral, Leopoldo Moreau expresó su preocupación por algunos posteos que se le adjudican Auguadra, el nuevo responsable del organismo, en los que carga contra Cristina Kirchner y senadores de Misiones por una sesión en la que votaron en contra del Gobierno. Incluso alertaron que sus comentarios «preanuncian vocación de persecución y hostigamiento a los opositores».
