Prensa Explícita La realidad al desnudo
En la gobernación de Axel Kicillof afirman que el proceso resultó inequitativo y con un desenlace previsible: Aubasa, la empresa vial de la Provincia de Buenos Aires, fue descalificada de la licitación para el manejo de 1.350 kilómetros de rutas bonaerenses, promovida por el Ministerio de Economía de la Nación.
La decisión se conoció justo antes del fin de semana a través de un dictamen de Precalificación de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504-0013-LPU25, correspondiente a la Red Federal de Concesiones – Etapa II. El ministro de Economía, Luis Caputo, recomendó la desestimación de la oferta presentada por la compañía estatal provincial.
Funcionarios del gobierno de Kicillof habían anticipado que la administración de Javier Milei podría llevar a cabo “maniobras” para impedir que una empresa con mayoría accionaria estatal y bajo control bonaerense acceda a la gestión, operación y mantenimiento de carreteras que atraviesan gran parte del territorio provincial. La licitación implica una inversión de al menos 170 mil millones de pesos en dos años, con posterior concesión de peajes en todos los tramos adjudicados.
El lunes pasado, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, declaró en conferencia de prensa que entre diciembre y febrero se emitieron al menos cuatro circulares que modificaron las condiciones originales, con el objetivo —según su postura— de perjudicar la participación de Aubasa.
Desde la empresa vial señalaron que la exclusión se fundamentó en criterios que no se ajustan a las condiciones establecidas en el pliego licitatorio, lo que “demuestra que la decisión adoptada se basa en criterios arbitrarios, afectando la transparencia y legalidad del proceso”.
La gobernación anticipó que presentará una “impugnación formal” del dictamen para “garantizar el respeto a las reglas del procedimiento, la transparencia del proceso licitatorio y la igualdad de condiciones entre los participantes”.
Infraestructura explicó que la exclusión de Aubasa se basó en un requisito “inexistente en la documentación licitatoria”, que exige que la experiencia técnica sea acreditada exclusivamente mediante ejecución directa de obras, cuando el pliego permite acreditar experiencia a través de contratos y certificaciones emitidas por autoridades competentes.
Más allá de estos tecnicismos, la disputa por el control de los kilómetros de autopistas refleja el conflicto en múltiples ámbitos entre Kicillof y Milei. La Provincia denunció que el gobierno libertario dejó de enviar 22 billones de pesos en dos años y medio correspondientes a fondos de la jurisdicción, una situación que llevó a una presentación ante la Corte Suprema y a la organización de marchas de intendentes frente al Ministerio de Economía para reclamar esos fondos.
No hay tregua en las tensiones entre los líderes que ya se preparan para la próxima contienda presidencial.
Aubasa administra cerca de 1.000 kilómetros de caminos en el corredor del Atlántico, incluyendo la Autovía 2 y las rutas 11, 56, 63 y 74, entre otras. Actualmente ejecuta un plan de repavimentación en un contexto de paralización de la inversión nacional en infraestructura vial.
En febrero, cuando se convocó a reactivar trabajos en corredores de todo el país, Aubasa completó los formularios para competir con una decena de empresas privadas del sector construcción y vialidad. En caso de resultar adjudicataria, la Provincia debería constituir una “nueva Aubasa” o una “Aubasa II”, explicó José Arteaga, presidente de la compañía, en diálogo con Clarín.
La licitación en territorio bonaerense abarca tramos de alto tránsito y relevancia regional como la ruta nacional 5, desde Luján hasta el límite con La Pampa; la ruta 205, entre Cañuelas y Bolívar; la ruta 3, desde Cañuelas hasta Bahía Blanca; la ruta 226, entre Bolívar y Mar del Plata; y el Acceso Sur, que incluye las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas.
Katopodis cuestionó la transparencia del proceso y sugirió que podría existir la intención de favorecer a algún grupo económico.
La resolución dejó fuera de la licitación a Aubasa, SACDE (perteneciente al grupo Techint) y descalificó a las constructoras JCR-Rovella Carranza, Edmacar, Pelque-OCSA y al consorcio IEBC-Cecosa.
Actualmente, compiten por el negocio carretero del tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur las empresas Roggio-Chediak; Vial Agro-Fontana Nicastro; Panedile-Supercemento-Eleprint; Creditech-Ceosa; Concret Nor-Marcalba-Pose-Coarco; y CPC, la constructora de Cristóbal López.
La propuesta de la Nación contempla la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de corredores, además de la prestación de servicios al usuario y el desarrollo de explotaciones complementarias para generar ingresos bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje, conforme a lo establecido por la Ley 17.520.
