Prensa Explícita La realidad al desnudo
El Gobierno nacional ordenó a los ministerios reducir el gasto en un contexto de caída sostenida de la recaudación tributaria durante los últimos ocho meses. La Casa Rosada busca preservar el superávit fiscal y cumplir con la exigente meta pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según fuentes oficiales, confirmadas este lunes a Clarín, se implementará una nueva pauta presupuestaria para el gabinete que incluirá un recorte adicional del 2% en el gasto corriente y del 20% en el gasto de capital. Aún no se precisó el monto total del ahorro que requiere el Ministerio de Hacienda con este nuevo techo de gasto más bajo para los ministerios.
Los datos acumulados hasta marzo, procesados por la consultora Analytica con información oficial, mostraban una reducción del gasto del 3,3% en partidas presupuestarias claves como obra pública, transferencias a provincias y salarios de la administración pública.
El deterioro persistente de los ingresos tributarios, que acumula ocho meses consecutivos de caída hasta marzo, motivó a la Casa Rosada a avanzar con esta nueva ronda de ajustes en el gasto público.
Además, el año está marcado por dos factores relevantes: la presentación de proyectos de ley que podrían incrementar las erogaciones —como la iniciativa opositora de financiamiento universitario— o afectar la recaudación, como la reforma laboral; y el cumplimiento de la estricta meta fiscal acordada con el FMI.
De acuerdo con datos oficiales recopilados por Analytica, algunas partidas presupuestarias registraron fuertes ajustes durante el primer trimestre. Destacan los salarios públicos, que disminuyeron un 6,1%, pasando de $3,9 billones a $3,7 billones a precios actuales.
En menor magnitud, el gasto en Asignaciones Familiares y Asignación Universal por Hijo (AUH) bajó un 3,7%, desde $3,2 billones a $3 billones. Otros programas sociales tuvieron recortes más profundos porcentualmente, con una caída del 29,8%, mientras que las transferencias a provincias disminuyeron un 50,9%.
Por el contrario, los subsidios económicos —que incluyen los aportes estatales para el precio de los servicios públicos— quedaron excluidos del ajuste y registraron un aumento interanual cercano al 67%. Esto ocurrió a pesar de la reducción de subsidios impulsada desde la Secretaría de Energía desde comienzos de año, lo que según la consultora Outlier se explica por la cancelación de deudas anteriores que el Gobierno mantenía con el sector energético y que fueron saldadas a principios de 2024.
La meta fiscal acordada con el FMI condiciona el programa económico. En la última revisión técnica del año pasado, se estableció un objetivo de superávit primario —sin contar intereses de la deuda— equivalente al 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, hasta febrero, último dato oficial disponible, el Ministerio de Economía acumulaba un superávit del 0,4% del PIB.
Otra variable bajo análisis por el staff del FMI es la denominada «deuda flotante», que representa los pagos postergados o atrasados por el Gobierno nacional, es decir, la diferencia entre el gasto comprometido y el efectivamente pagado.
Según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), con datos hasta marzo, esa deuda alcanzó los 3,3 billones de pesos, lo que equivale a casi el 10% del gasto comprometido que no ha sido abonado y presenta algún tipo de demora. En particular, los gastos de capital, principalmente obra pública, acumulan una deuda flotante equivalente al 41,8% del total comprometido. Otras partidas como Bienes y Servicios y Remuneraciones muestran atrasos del 29,8% y 11,3%, respectivamente.
