Prensa Explícita La realidad al desnudo
El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, que está juzgando el caso de los Cuadernos de las Coimas, dejará de funcionar en el Palacio de calle Talcahuano y después de años de gestión será trasladado a Comodoro Py, donde trabajan los demás TOF y el todo el fuero federal porteño. Sin embargo, la mudanza no se va a concretar de forma inmediata, sino “antes de mitad de año”. El consejo de la Magistratura considera que están dadas las condiciones para que el juicio se haga de forma presencial.
Durante esta semana de Carnaval, el TOF 7 no programó ninguna audiencia. El debate oral y público se reanudará el próximo martes, después de haber concluido las cuestiones preliminares, es decir, los planteos de las defensas.
En tanto, en el marco de una serie de obras que se encararon en Comodoro Py -donde el Gobierno busca implementar el sistema procesal acusatorio desde abril- el Consejo de la Magistratura informó que el TOF 7 será trasladado.
De los Tribunales Orales de juicio, el único que no funciona en Comodoro Py es el que tiene a su cargo el debate del caso Cuadernos. Desde su traspaso al fuero federal penal, continuó cumpliendo sus funciones en el edificio de calle Talcahuano.
De hecho, esa localización fue uno de los argumentos de los jueces del TOF 7 cuando la Cámara Federal de Casación le dijo que, desde el 10 de diciembre tiene a su disposición la Sala AMIA ubicada en Comodoro Py para poder realizar el juicio de forma presencial. Los magistrados señalaron que era incómodo porque sus oficinas se encontraban en otro espacio físico.
El Consejo de la Magistratura envió un comunicado de prensa, señalando que entre “las novedades a implementar en los próximos meses también figura la relocalización del Tribunal Oral Federal 7”. Pero esta modificación “recién se realizará cuando esté finalizando todo el trabajo de infraestructura y sistemas que se está implementado en distintas etapas. De acuerdo a las estimaciones, no sería antes de mitad de año”.
Es decir: hasta ese momento el TOF 7 continuará trabajando desde el Palacio de la calle Talcahuano. Sin embargo, como administrador de los recursos del Poder Judicial el Consejo de la Magistratura considera que el traslado habilita las condiciones para que se realice de forma presencial el juicio. Otra sutil forma de emplazar a los magistrados.
La pretensión de este cambio es que funcionando desde los Tribunales de Retiro, se “garantizará a los responsables del TOPF 7 la facilitad de utilizar la llamada Sala AMIA, destinada para la realización de juicios orales de gran magnitud y que fue modernizada y habilitada en diciembre pasado”.
Desde su inicio en noviembre del año pasado, el juicio del caso Cuadernos se realiza de forma virtual. Sólo la etapa de indagatorias, que podría iniciar a mediados de marzo, será presencial para quienes deseen declarar. La duda al respecto, es si el resto de las partes seguirán las declaraciones de manera virtual.
La potestad de resolver cómo se lleva adelante un juicio es de los respectivos Tribunales. La Cámara de Casación, que tiene superintendencia sobre los TOF, recomendó a los magistrados que el juicio Cuadernos se realice de manera presencial. En la instancia en la que el debate se encuentra, el TOF 7 consideró que no era necesario cambiar la modalidad establecida.
“Al igual que los otros tribunales federales porteños, el TOF 7 podrá llevar adelante la realización de un debate oral en la sede edilicia donde se asienta, garantizando a las partes un rápido acceso a la documentación que sea necesaria”, informó ahora el Consejo de la Magistratura.
Tras concluir los planteos de las defensas, que de manera coincidente buscan la nulidad del debate que juzga a Cristina Kirchner junto a 19 ex funcionarios y 65 empresarios por asociación ilícita y sobornos, se espera la posición sobre esos reclamos por parte de la fiscal general Fabiana León y la querella representada por la Unidad de información Financiera (UIF).
Los hechos juzgados
La investigación que tuvo a su cargo el fiscal federal Carlos Stornelli se centró en cuatro ejes: los cobros a empresarios que el chofer Oscar Centeno asentó en sus cuadernos, las maniobras ilícitas para la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales, y la cartelización de la obra pública en cabeza de la Cámara Argentina de Empresas Viales -denominada “La Camarita”.
Así, se determinó la existencia de una asociación ilícita liderada por Cristina Kirchner y su marido, el también expresidente -fallecido- Néstor Kirchner, quienes organizaron “un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”.
La organización funcionó en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, y “los líderes y organizadores de esa estructura paraestatal diagramaron un circuito de recaudación de dinero centrado, principalmente, en el otorgamiento y adjudicación de obras públicas o servicios, y otros beneficios vinculados al desarrollo de la relación de esos privados con el Estado Nacional”, señaló Stornelli en su requerimiento de elevación a juicio.
El juicio comenzó el 6 de noviembre pasado, con la lectura de las imputaciones por asociación ilícita, cohecho pasivo y admisión de dádivas atribuidas a los principales funcionarios acusados entre ellos, a la expresidenta.
