Prensa Explícita La realidad al desnudo
Según reveló un informe privado, el recorte del gasto público fue de 5,6 puntos del PBI.
El Instituto IERAL de la Fundación Mediterránea emitió un informe financiero del sector público nacional (SPN) que señala el ajuste fiscal en los primero seis meses del años fue el más grande de los últimos 60 años.
El análisis reveló que “si sólo se tienen en cuenta las mejoras en el resultado financiero de 1% del PIB o superiores, se trata de 8 casos en 6 décadas y media, encabezados por el mencionado primer semestre de 2024, seguido por el año 1985, cuando con el Plan Austral ocurrió una mejora de 4,6 puntos del PIB en el resultado fiscal, ubicándose luego los ajustes fiscales de los años 2003 (1,8 puntos del PIB), 2002 (1,7), 1977 (1,7), 1967 (1,5), 1984 (1,4) y 1991 (1,0)”.
En cuanto al motor que sustentó este resultado señalaron que “lo que hace más notorio el ajuste del primer semestre es que toda la mejora en el resultado financiero se debe adjudicar a una baja del gasto público, cuando en 1985, año en que también se registró una fuerte mejora, todo el aporte lo hizo la suba de los recursos (+6,2% del PIB), por cuanto el gasto subió ese año en 1,6 puntos del PIB”.
Y remarcaron: «En los 8 años que se observaron mejoras importantes en el resultado financiero del SPN entre 1961 a 2024, sólo en 3 ocasiones el ajuste en el gasto aportó más que la suba de los ingresos, siendo el caso más destacado el del primer semestre de 2024”.
En cuanto a los recortes más significativos, el informe puntualizó: «El ajuste de 5,4 puntos del PIB en el gasto se explica por la reducción en las erogaciones en transferencias (jubilaciones, subsidios por tarifas, transferencias corrientes a provincias, etc.), por 3,7 puntos del PIB, seguido por menor gasto de capital (1,4), y disminución en el gasto en personal (0,3)”.
Asimismo, expresaron que los mayores ajustes anuales en el gasto del primer semestre se dieron en las transferencias a provincias (-98% las de capital y -74% las corrientes), en la inversión pública (-71%), en los subsidios económicos (-43%) y en las jubilaciones (-27%).
