Prensa Explícita La realidad al desnudo
Desde la administración de Joe Biden señalaron que el gobernador Greg Abbott está «incumplimiento de la Ley de Uso Indebido de Ríos y Puertos al construir una estructura en un río navegable sin permiso».
El gobierno federal de Estados Unidos presentó una demanda judicial contra el estado de Texas ante la negativa de su gobernador, el republicano Greg Abbott, a retirar la barrera de boyas instalada en del río Bravo, en la frontera con México, para intentar evitar el cruce de inmigrantes.
El Departamento de Justicia solicitó una orden judicial que prohíba a Texas la instalación de barreras adicionales en el río y obligue a las autoridades estatales a retirar las ya instaladas, con los costos que pueda conllevar. La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito del Distrito Occidental de Texas alegando «incumplimiento de la Ley de Uso Indebido de Ríos y Puertos al construir una estructura en un río navegable sin permiso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Tierra», informó la televisora CNN.
Agregó que la barrera de boyas «supone una obstrucción no autorizada de la navegabilidad de las aguas de Estados Unidos».
«Alegamos que Texas ha incumplido la legislación federal al instalar una barrera en el río Grande (río Bravo) sin la autorización federal necesaria», explicó la abogada Vanita Gupta en un comunicado oficial, según la agencia de noticias Europa Press.
«La barrera flotante supone una amenaza para la navegación y para la seguridad pública e implicaciones a nivel humanitario; además, su presencia provocó la protesta diplomática de México y podría perjudicar la política exterior de Estados Unidos», expuso.
El Departamento de Justicia dio plazo a Texas hasta este lunes para retirar la barrera. Sin embargo, Abbot se negó a cumplir el ultimátum al argumentar una «invasión» de inmigrantes.
Abbott, uno de los gobernadores más reticentes a la recepción de inmigrantes en Estados Unidos, desafió horas antes del fallo la orden emitida por el Departamento de Justicia del Gobierno del presidente Joe Biden, a quien volvió a criticar duramente.
«Texas utilizará plenamente su autoridad constitucional para afrontar la crisis que ha causado. Texas dirimirá esto en los tribunales, señor presidente», sentenció Abbott en una carta remitida al mandatario demócrata.
El gobernador citó varias sentencias judiciales y acusó a Biden de incumplir el artículo 4 de la Constitución de Estados Unidos, que indica que el gobierno federal «debe protegerlos (a los estados) frente a una invasión».
«Todo esto está pasando porque usted ha incumplido su obligación constitucional de defender a los estados de una invasión aplicando sinceramente la legislación federal», insistió Abbott, quien recordó los «niveles récord de inmigración ilegal».
Abbott reprochó a Biden que «la política de fronteras abiertas anima a los migrantes a arriesgar sus vidas cruzando ilegalmente por el agua en lugar de hacerlo de forma segura y legal». «Nadie se ahoga en un puente», enfatizó.
Abbott recordó a la vez que la ONU designó la frontera terrestre entre Estados Unidos y México como «la más mortífera» del mundo, con 728 muertes en 2021.
Y exhortó a Biden a que lo ayude «a salvar a los texanos y a todos los estadounidenses de drogas mortales como el fentanilo, de la violencia de los carteles narcos y de los horrores del tráfico de seres humanos».
La crisis por la masiva llegada a migrantes a Estados Unidos en los últimos años ha repercutido en otros estados diferentes a los sureños, que están en la primera línea por tener frontera con México.
En meses recientes, estados liderados por los republicanos, como Texas, trasladaron a migrantes a estados gobernados por los demócratas para así protestar contra las políticas migratorias impulsadas por Biden.
El viernes último, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, aseguró que la ciudad «no tiene más espacio» para migrantes y que por lo tanto implementaría un reparto de folletos en la frontera estadounidense con México para animarlos a dirigirse a otras zonas del país.
Más de 90.000 inmigrantes, mayormente de Centroamérica y Sudamérica, llegaron a Nueva York desde abril del año pasado, situación que derivó en un significativo aumento de demanda de los servicios para recibirlos.
«Nuestra taza se llenó. No tenemos más espacio en la ciudad», sentenció Adams, que es demócrata.
