Prensa Explícita La realidad al desnudo
En una nueva muestra de lo que la oposición califica como un «atropello institucional», la Legislatura de Formosa volvió a sesionar bajo una dinámica de tratamiento express que, lejos de atender las urgencias sociales, parece consolidar un modelo de gestión diseñado para el beneficio del oficialismo. Mientras en localidades como Moscón de Fierro los ciudadanos ni siquiera pueden salir del pueblo y carecen de servicios básicos como agua potable y cloacas, el recinto legislativo se transforma en una oficina de trámites para los deseos del Poder Ejecutivo.
La reciente sesión extraordinaria fue el escenario de una imposición de leyes «sobre tablas», donde el debate real fue reemplazado por la urgencia de aprobar reformas que profundizan la agresividad fiscal del gobierno de Gildo Insfrán. Uno de los puntos más polémicos fue la modificación del Código Fiscal y la Ley Impositiva, que delega la potestad de fijar tasas de interés y montos de impuestos directamente en la Administración Tributaria Provincial (ATP),. Esta maniobra es vista por los críticos como un «suicidio institucional», ya que la Legislatura abdica de su competencia exclusiva de fijar tributos, dejando al contribuyente en total indefensión ante lo que denominan un «impuesto por ventanilla»,.
A pesar de que Formosa es la tercera provincia más beneficiada del país en cuanto a coparticipación per cápita, los índices de desarrollo cuentan una historia de estancamiento. Con apenas 22.000 trabajadores registrados en el sector privado —una cifra que no alcanza ni el 10% del empleo total de la provincia—, el modelo oficialista se sostiene sobre un Estado «gigante, caro e ineficiente». Según denuncias de la oposición, este esquema no busca generar empleo ni incentivar la producción, sino mantener un control social donde la única opción para el formoseño es ser empleado público con un sueldo miserable o emigrar.
Mientras el oficialismo defiende fervientemente el «Modelo Formoseño» y justifica la delegación de facultades a la ATP bajo criterios de «lógica administrativa» y autarquía,, la realidad en las calles muestra una provincia con 0% de exportación y una economía privada cada vez más asfixiada por trabas burocráticas y aduanas internas,. La reforma aprobada no solo otorga discrecionalidad al ente recaudador, sino que se suma a una emergencia económica prorrogada por 26 años, creando un blindaje que exime al Ejecutivo de rendir cuentas claras.
El contraste es doloroso: en el recinto se cruzan chicanas ideológicas y defensas a ultranza de una «soberanía política», mientras el pueblo formoseño espera hace décadas un guiño de intención que resuelva la falta de infraestructura básica y la pobreza estructural. Para los legisladores opositores, estas reformas solo buscan «extorsionar» a los que quieren trabajar, persiguiendo a pymes y productores para sostener un aparato político que se niega a reducir impuestos o generar incentivos reales para el agro y la industria,.
En conclusión, la Legislatura ha funcionado una vez más como una escribanía del gobernador, validando un paquete de leyes donde no existe una sola línea destinada al crecimiento o la generación de empleo,. Mientras el poder político se sigue beneficiando entre sí con estructuras de control fiscal más rígidas, las soluciones para los problemas cotidianos del pueblo siguen siendo la gran deuda pendiente de una provincia que parece estancada en el tiempo.
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Analogía para entender la situación: Es como si el dueño de una casa en ruinas, en lugar de usar el dinero que recibe para arreglar las goteras y los cimientos, decidiera gastar todo en contratar más guardias para la puerta y darle al cobrador de alquileres el poder total para aumentar la renta a su antojo, sin consultar a nadie, mientras los hijos que viven allí se ven obligados a mudarse porque ya no pueden pagar ni respirar.
