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La dictadura de Nicaragua le quitó la nacionalidad a Sergio Ramírez, Gioconda Belli y a otros 92 opositores

El régimen de Managua ordenó la confiscación de los bienes de los afectados. No podrán ejercer cargos públicos ni de elección popular de forma perpetua

Entre los afectados por la medida del régimen nicaragüense se encuentran los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, Premio Cervantes de Literatura 2017. No podrán ejercer cargos públicos ni de elección popular de forma perpetua.

El régimen de Daniel Ortega declaró este miércoles “traidores a la patria” a 94 opositores y críticos, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, así como a numerosos periodistas y defensores de derechos humanos, a quienes les quitó la nacionalidad y ordenó confiscarles sus bienes inmuebles.

La disposición, anunciada por el magistrado Ernesto Rodríguez Mejía, del Tribunal de Apelaciones de Managua, afecta también a la abogada Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), al periodista Carlos Fernando Chamorro, a la ex guerrillera Mónica Baltodano y su familia, y al ex comandante sandinista Luis Carrión, entre muchos otros.

A los 94 afectados “se les declara prófugos de la justicia” y, además de perder su nacionalidad, no podrán ejercer cargos públicos ni de elección popular “de forma perpetua”, indicó la resolución leída por el funcionario judicial.

Tanto Belli como Ramírez, Premio Cervantes de Literatura 2017, y la mayoría de los mencionados en la lista son personas opositoras a Ortega que se encuentran en el exilio. Sin embargo, hay varios de los citados que están en Nicaragua.

La disposición, anunciada por el magistrado Ernesto Rodríguez Mejía, del Tribunal de Apelaciones de Managua, afecta también a la abogada Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), al periodista Carlos Fernando Chamorro, a la ex guerrillera Mónica Baltodano y su familia, y al ex comandante sandinista Luis Carrión, entre muchos otros.

La sorpresiva disposición de Ortega ocurre apenas seis días después de la excarcelación y destierro de 222 presos políticos, que fueron enviados a Estados Unidos en un avión facilitado por el gobierno de Joe Biden. A todos los expulsados se los despojó de la nacionalidad nicaragüense.

Los delitos imputados contra los acusados son “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”, indicó Rodríguez Mejía. Esos delitos se han aplicado a decenas de opositores encarcelados en los últimos años.

Entre los 94 señalados, figuran además el obispo católico Silvio Báez y el sacerdote Edwin Román, ambos exiliados en Miami, la líder campesina Francisca Ramírez, el disidente ex embajador ante la OEA, Arturo McFields, el ex canciller Norman Caldera y el ex vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís, que abandonó Nicaragua tras las protestas sociales de 2018.

El texto leído por Rodríguez Mejía se refiere a la confiscación de propiedades como “inmovilización y decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades” vinculadas a los acusados.

Los ex prisioneros nicaragüenses desterrados a EEUU hace una semana, un grupo de 222 de los que cerca de 80 llegaron a Miami desde Washington, denunciaron este miércoles en esa ciudad del sur de Florida un empeoramiento de la situación política en su país y dijeron que valoran la oferta de nacionalidad de España.

Entre los 94 señalados, figuran además el obispo católico Silvio Báez y el sacerdote Edwin Román, ambos exiliados en Miami, la líder campesina Francisca Ramírez, el disidente ex embajador ante la OEA, Arturo McFields, el ex canciller Norman Caldera y el ex vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís, que abandonó Nicaragua tras las protestas sociales de 2018.

Isaac Isaias Martínez, uno de los 222 nicaragüenses que el pasado jueves llegaron a EEUU después de que el dictador Daniel Ortega, enviara en un avión a Washington a un grupo de presos políticos detenidos en los últimos años, dijo este miércoles a la agencia de noticias EFE que ya trabaja para combatir al Gobierno de Managua desde Miami.

“La situación política es cada vez más difícil, pero ya trabajo para luchar desde Miami a través de las redes sociales”, destacó Martínez, que llevaba 2 años encarcelado, antes de su destierro.

Martínez, acusado de conspiración y traición a la patria, entre otros cargos, explicó que hasta que fue enviado a prisión era el director de la emisora La Voz del Río San Juan, desde donde criticaba la política del Gobierno.

“Voy a continuar mi lucha desde la plataforma de Facebook para continuar el trabajo que realizaba en La Voz del Río San Juan”, dijo.

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, le dio la bienvenida al colectivo y subrayó el apoyo “a la democracia y libertad que se da desde Estados Unidos”.

“Hoy renovamos nuestro compromiso con la libertad”, dijo Levine Cava, tras pedir la colaboración de quienes quieran ayudar a los nicaragüenses como “patrocinadores” por medio de la acogida de estas personas que, de momento, viven en hoteles a la espera de que se regularice su estatus migratorio.

Estados Unidos denunció este lunes que aún quedan muchos presos políticos en Nicaragua, después de que 222 de ellos fueran excarcelados y desterrados la semana pasada a territorio estadounidense.

Nicaragua atraviesa una crisis política desde 2018 acentuada tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

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