Prensa Explícita La realidad al desnudo
De esta manera, la Universidad de Buenos Aires explicó que la gestión libertaria intenta «controlar lo que se enseña y aprende».
El gobierno de Javier Milei mantiene una fuerza cruzada contra la universidad pública, especialmente luego de vetar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada oportunamente por el Congreso. Tras esto, las instituciones públicas de todo el país comenzaron a manifestarse con marchas en diferentes puntos de la Argentina y clases públicas en las calles.
No obstante, la gestión libertaria parece empecinada en ejercer su plan destructivo contra la educación gratuita y de calidad. Por esta razón, la Universidad de Buenos Aires lanzó un contundente comunicado, donde por qué el Poder ejecutivo, a través de la SIGEN, intenta intervenir en las universidades publicas para controlar lo que se enseña y aprende.
«SÍ a las auditorías, NO a la intervención del Poder Ejecutivo a las universidades públicas» es el título del documento a través del cual la UBA detalla cómo rinde sus gastos regularmente mediante todos los mecanismos que marca la legislación vigente y la convierte en uno de los entes más auditados y controlados del sector público. Además, deja impregando su lema: «Por el derecho a la educación universitaria libre, gratuita y de excelencia».
Se explica, además, que solicitó formalmente a la Auditoría General de la Nación (AGN), dependiente del Congreso de la Nación, que la vuelva a incluir en el Plan de Auditoría 2025, así como lo hizo en los años anteriores. Además, enuncia que decidió “realizar una convocatoria nacional e internacional para que profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre el sistema de control interno de la universidad”, a fin de seguir brindando información transparente y de acceso público a la ciudadanía.
Por otra parte, señala que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) no posee las competencias para auditar a las universidades nacionales, ya que: “El artículo 98 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156 dice en términos indudables que la SIGEN puede controlar a las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado que dependan del mismo”.
Denuncia que detrás de las acusaciones de falta de transparencia, hay un “ataque ideológico a la idea misma de la universidad libre, gratuita, y masiva” y manifiesta que el Poder Ejecutivo quiere controlar la libertad académica. Asimismo, subraya que la autonomía “protege el derecho a la educación universitaria libre y gratuita de todas y todos los argentinos; y la resguarda de la intervención y arbitrariedad de los gobiernos de turno” y que sin ella, “no hay educación libre” porque “se enseña lo que el gobierno de turno quiere, cuando el gobierno quiere, donde el gobierno quiere, y a quienes el gobierno quiere”.
Por lo tanto, la UBA resolvió, además de solicitar una auditoría externa independiente, “llevar la controversia respecto a quién debe ejercer el control interno sobre las casas de altos estudios ante el Poder Judicial, único órgano que la Constitución consagra para resolver este tipo de conflictos y aplicar debidamente la ley”.
