El Gobierno apuesta a privatizar 6.000 km de rutas con exenciones impositivas
Luis Caputo anunció un ambicioso proyecto para transferir la red vial nacional al sector privado mediante inversiones sin gravámenes. La iniciativa requiere apoyo legislativo y de los gobernadores.
El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó este miércoles una estrategia para privatizar miles de kilómetros de rutas nacionales bajo un esquema innovador de inversiones libres de cargas fiscales. La iniciativa, que será enviada al Congreso Nacional, busca atraer capital privado mediante la eliminación total de impuestos en todos los niveles: nacional, provincial y municipal. Se trata de una apuesta del Ejecutivo para acelerar la modernización de la infraestructura vial del país, un sector que ha sido objeto de críticas sostenidas durante los últimos meses.
Durante su intervención en el evento "Vientos de Cambio", organizado por la Fundación Libertad y Progreso, Caputo detalló que la propuesta abarcará aproximadamente 6.000 kilómetros de rutas (cifra que en un primer momento había mencionado como 5.000). El funcionario expresó su confianza en conseguir el respaldo de los gobiernos provinciales para avanzar con las exenciones impositivas, consideradas clave para rentabilizar las inversiones. "Ellos coinciden en que la inversión en rutas e infraestructura es fundamental", aseguró el titular del Palacio de Hacienda, sugiriendo que ya habría habido conversaciones previas con los mandatarios provinciales sobre la viabilidad del proyecto.
El anuncio surge en un contexto de intensas críticas respecto del estado deteriorado de la red vial nacional y la gestión de los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Según la normativa vigente, el 28,5% de lo recaudado por este tributo debe destinarse específicamente al mantenimiento de la infraestructura de transporte, mientras que el 14,25% debería dirigirse a la red vial. Sin embargo, un informe del Instituto Argentina Grande advirtió que existe una brecha significativa entre lo que el Estado recauda y lo que realmente se invierte. De acuerdo al estudio, los fondos no ejecutados del ICL equivaldrían al mantenimiento de casi 9.150 kilómetros de rutas nacionales, es decir, aproximadamente una cuarta parte de la red total.
Los números son contundentes: la investigación reveló que el impuesto a los combustibles pasó de representar el 8,9% del precio de la nafta súper en noviembre de 2023 al 18,6% en julio de 2026, generando más ingresos fiscales. No obstante, esos recursos adicionales no se canalizaron hacia las partidas específicas previstas. El Instituto calculó que si la Dirección Nacional de Vías (DNV) hubiera gastado la totalidad de lo asignado vía ICL —incluyendo aproximadamente $534 mil millones extras por año—, habría podido mantener adecuadamente un cuarto entero de la red vial nacional, algo más de dos veces la distancia que separa Ushuaia de La Quiaca. Esta cifra funciona como un contraste elocuente frente a la propuesta de privatización presentada por Caputo.
El Gobierno ya ha avanzado con procesos de privatización en la red vial. Recientemente adjudicó aproximadamente 9.000 kilómetros de corredores viales nacionales a través de contratos de largo plazo (20 años) que transfieren buena parte de las tareas de mantenimiento, conservación y operación al sector privado. La denominada Etapa III, la más reciente, abarca provincias como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco. El nuevo proyecto de Caputo buscaría ampliar significativamente este esquema, sumando miles de kilómetros adicionales bajo un modelo donde la eliminación de impuestos funcionaría como mecanismo de incentivo para atraer inversión privada.
Durante su exposición, Caputo apuntó contra la administración anterior, cuestionando con ironía a quienes critican la situación de la infraestructura vial. "Verlos criticar me parece cómico", lanzó el ministro, marcando distancia con los reclamos sobre el estado de las rutas. La iniciativa ahora dependerá de los trámites parlamentarios y del consenso que pueda lograrse con los gobernadores, quienes deberán ceder ingresos tributarios en sus jurisdicciones para viabilizar las exenciones provinciales y municipales que el Ejecutivo propone como motor de la inversión privada en vialidad.
