El Gobierno impulsa una ley para combatir la violencia en el fútbol
La Cámara de Diputados debatirá esta semana un proyecto que endurece las penas contra las barrabravas y apunta también a dirigentes de clubes que mantengan vínculos con estas organizaciones.
El Poder Ejecutivo retoma con fuerza su agenda de seguridad y llevará este miércoles al Congreso una iniciativa que busca golpear de manera contundente a las organizaciones violentas del fútbol. La Comisión de Legislación Penal iniciará el análisis de la denominada ley Antibarras, un proyecto ambicioso que pretende modernizar el marco legal para enfrentar fenómenos delictivos que trascienden el ámbito de los estadios. La convocatoria fue realizada por Laura Rodríguez Machado, presidenta de la comisión, y contará con la exposición de funcionarios del Ministerio de Seguridad que detallarán los lineamientos de la propuesta elaborada por el Gobierno.
El proyecto introduce modificaciones sustanciales al Código Penal y crea una figura específica para perseguir a las barrabravas como organizaciones criminales estructuradas. La iniciativa establece un nuevo tipo de asociación ilícita destinado a agravar significativamente las sanciones para quienes integren estos grupos y participen en actos de violencia relacionados con espectáculos deportivos. De esta manera, se busca cerrar vacíos legales que históricamente han permitido que estas bandas operen con relativa impunidad, evadiendo las responsabilidades penales por sus acciones coordinadas.
Uno de los aspectos más novedosos de la propuesta es que no solo apunta a los integrantes de las barrabravas, sino también a los dirigentes de clubes que colaboren o mantengan relaciones con estos grupos. El texto prevé penas de hasta seis años de prisión para quienes entreguen irregularmente entradas, dinero u otros beneficios a las barrabravas, o que faciliten vínculos económicos o institucionales con estas organizaciones. Esta ampliación de responsabilidades refleja la convicción oficial de que la violencia en el fútbol requiere atacar toda la cadena de complicidades que la sostiene.
El proyecto también endurece significativamente las penas para un amplio espectro de conductas delictivas que ocurran durante eventos deportivos. Entre ellas se encuentran los daños a instalaciones, la portación de armas blancas u objetos contundentes, el ingreso con materiales inflamables o tóxicos, y la tenencia de armas de fuego o explosivos. Cada tipo de conducta cuenta con escalas penales diferenciadas que aumentan según el nivel de peligrosidad y las circunstancias en que se cometan. Además, la iniciativa apunta a desarticular el financiamiento de estas organizaciones a través de sanciones para la reventa ilegal de entradas y otras irregularidades vinculadas con la organización de espectáculos.
En los fundamentos de la ley, el Gobierno sostiene que las barrabravas operan como estructuras delictivas permanentes que exceden largamente los límites de los estadios y los días de partido. Según esta perspectiva, estas organizaciones desarrollan actividades criminales de manera continua a lo largo del año, incluyendo tráfico de drogas, extorsión y otras prácticas ilegales. Por eso considera indispensable actualizar la legislación vigente para proporcionar a las fuerzas de seguridad y la justicia herramientas más efectivas de investigación y persecución. El debate en comisión de esta semana constituye un primer paso en lo que promete ser un largo proceso legislativo que podría definir el futuro de la política de seguridad en el fútbol argentino.
