Formosa aprueba suba salarial del 15% para empleados públicos con piso de $1.2 millones
El gobernador Insfrán anunció un nuevo paquete de recomposición salarial escalonado que demandará una inversión superior a 210 mil millones de pesos anuales, financiados con recursos propios de la provincia.
En medio de una crisis económica que golpea fuerte a nivel nacional, Gildo Insfrán presentó ayer un ambicioso plan de mejora salarial para los trabajadores del Estado provincial. Se trata de un incremento del 15% distribuido en tres cuotas mensuales que beneficiará tanto a empleados en actividad como a jubilados y pensionados. La medida se concretará entre agosto y octubre, con un piso garantizado que llegará a los 1.200.000 pesos en octubre. El anuncio fue realizado tras intensas negociaciones con los representantes de los gremios estatales, buscando aliviar el impacto de la inflación en los bolsillos de los trabajadores públicos.
El gobernador fue explícito al diagnosticar la situación que enfrenta el país. Señaló cómo el retroceso en la actividad económica, la caída sostenida del poder adquisitivo y el aumento de la desocupación generan un cuadro preocupante para las familias argentinas. Remarcó también que las provincias enfrentan una drástica reducción en la coparticipación federal, lo que comprime los ingresos públicos disponibles. A pesar de esto, insistió en que el gobierno tiene el compromiso político de proteger los ingresos de los trabajadores estatales, considerando la situación como una prioridad ineludible en el contexto actual.
La estructura del aumento fue cuidadosamente diseñada. Se abonará un 5% en agosto, otro 5% en septiembre y el tercer 5% en octubre, lo que representa un incremento total del 15% en este período. Cuando se suman los ajustes ya otorgados durante la primera mitad del año, el aumento acumulado para 2024 llega al 29%. Este esquema escalonado busca dar previsibilidad a los empleados y permitir que las mejoras se reflejen progresivamente en sus ingresos mensuales. El piso de bolsillo garantizado avanzará de manera correlativa: 1.100.000 pesos en agosto, 1.150.000 en septiembre, y finalmente 1.200.000 en octubre, sin contar asignaciones familiares ni otros suplementos.
La medida tiene un alcance amplio dentro de la administración pública provincial. Beneficia a empleados de la Administración General, a los jubilados y pensionados que perciben sus haberes por la Caja de Previsión Social, al escalafón docente de la provincia, y también a quienes son beneficiarios de la Ley Nº 482. Esta cobertura integral demuestra la intención del gobierno de que el mejoramiento salarial alcance a la mayor cantidad posible de trabajadores estatales. Cabe destacar que se trata de un paquete que incluye tanto a quienes aún se encuentran en actividad como a quienes ya están jubilados, reconociendo la importancia del sector pasivo dentro de la estructura de gastos provinciales.
Desde el punto de vista fiscal, la inversión demandará un esfuerzo presupuestario superior a los 210 mil millones de pesos de manera anual. Lo significativo es que Insfrán enfatizó que estos fondos provendrán íntegramente de los recursos propios con los que cuenta la provincia, sin recurrir al endeudamiento. Esta aclaración resulta relevante en un contexto donde muchas jurisdicciones han buscado financiamiento externo para afrontar sus obligaciones. El gobierno provincial apunta a demostrar que la decisión de proteger los ingresos laborales emerge de una política de priorización y administración responsable del presupuesto, y no de un gasto desfinanciado que comprometa el futuro fiscal de Formosa.
El anuncio se produce en un momento de especial tensión económica. La caída de la recaudación tributaria, el incremento de la morosidad en el pago de deudas, los cierres de establecimientos comerciales y la pérdida acelerada de puestos de trabajo caracterizan el panorama actual. En este contexto, que el gobierno provincial logre materializar un aumento salarial de esta magnitud sin endeudarse representa un mensaje político fuerte hacia el sector de trabajadores del Estado. La medida intenta contrarrestar, al menos parcialmente, la erosión que la inflación y la devaluación han generado en los salarios reales de todos los argentinos, comenzando por quienes trabajan para la administración pública local.
