Gialluca llevó al plenario nacional el reclamo por las rutas de Formosa
El Defensor del Pueblo formoseño participó en encuentro de ombudsman donde cuestionó la exclusión provincial en nuevas concesiones viales y exigió inversión urgente en infraestructura.
El Defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, se presentó en Río Cuarto como voz de la provincia ante el segundo Plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. Durante el encuentro que reunió a más de 25 ombudsman de distintas jurisdicciones, el funcionario formoseño plantó la bandera sobre una problemática que afecta directamente a los ciudadanos: el deterioro y abandono de las rutas nacionales que atraviesan nuestro territorio. No fue un reclamo aislado, sino parte de una preocupación compartida a nivel país, pero con énfasis particular en la situación crítica que vive Formosa.
Lo que resultó particularmente indignante fue el cuestionamiento de Gialluca respecto de la exclusión de la provincia en el proceso licitatorio de nuevas concesiones viales impulsado desde la Nación. Mientras otras provincias accedieron a mecanismos para mejorar su infraestructura vial, Formosa quedó fuera de la mesa. Esto significa que kilómetros de rutas nacionales que son vitales para la conectividad provincial quedan en una zona gris de responsabilidades, sin que nadie sea claramente accountable por su mantenimiento y seguridad.
Para comprender la magnitud del problema, hay que pensar en lo que representan estas rutas para Formosa. No son simples vías de circulación: son arterias por donde fluye el comercio, se trasladan personas, transitan mercaderías, se mueve la producción provincial. El estado deplorable de estos corredores no solo genera inconvenientes logísticos, sino que pone en riesgo la vida de quienes las transitan a diario. Conductores de camiones, viajeros, familias que se desplazan de una ciudad a otra, todos están expuestos a las consecuencias de un mantenimiento inexistente.
Desde la Defensoría del Pueblo se anunció que se iniciarán acciones administrativas y judiciales para determinar responsabilidades. El plan incluye investigar cómo se han utilizado los recursos que la ley asigna específicamente para infraestructura vial, y avanzar sobre posibles responsabilidades civiles y penales de funcionarios de Vialidad Nacional. No es un mero reclamo discursivo: hay intención de ir a fondo en los incumplimientos de función y en la negligencia en la asignación de presupuestos destinados a la reparación y conservación de las rutas.
El plenario de defensores llegó a consensos sobre la necesidad de presionar a nivel nacional. Quedó claro que el deterioro de la infraestructura vial es un problema sistémico que requiere acciones coordinadas: reclamos ante autoridades nacionales, gestiones en el Congreso, contactos con legislaturas provinciales y municipios. El objetivo es concreto: lograr que los fondos legalmente previstos se destinen efectivamente a mantenimiento, reparación y mejora de las rutas. Formosa, que estuvo ausente de ciertas decisiones políticas sobre concesiones, ahora se posiciona activamente en la exigencia de cumplimiento de responsabilidades estatales básicas.
La participación de Gialluca en su carácter de Vicepresidente de ADPRA le permitió amplificar la voz formoseña en un escenario donde convergen las inquietudes de todo el país. Sin embargo, esto también pone en evidencia que mientras algunos territorios avanzan en modelos de concesión y modernización, otros quedan rezagados. Para Formosa, el camino parece ser otro: exigir que se cumpla con lo mínimo, que es mantener en condiciones seguras las rutas nacionales que ya existen y que son fundamentales para la vida cotidiana de los formoseños.



