La Justicia desestima videos clave en el caso Insaurralde: no pudo comprobar su autenticidad
Un informe pericial determinó que los videos donde aparece Jésica Cirio con fajos de dólares no pueden verificarse ni en su origen ni en su integridad. El hallazgo complica la investigación por enriquecimiento ilícito.
Un giro inesperado en la causa que investiga al exfuncionario Martín Insaurralde y la exmodelo Jésica Cirio sacudió los tribunales esta semana. El laboratorio pericial del Ministerio Público Fiscal concluyó que resulta imposible verificar la autenticidad de los siete videos que constituían una de las pruebas más relevantes de la investigación. Se trata del material donde aparece Cirio en un placard exhibiendo presuntamente fajos de dólares estadounidenses, imágenes que habían sido presentadas como evidencia central en el expediente por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que lleva adelante el juez Luis Armella. Este dictamen pericial podría ser determinante para que el magistrado no considere este material al momento de resolver.
Según el informe de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), los videos presentan una serie de inconsistencias que hacen imposible establecer con certeza cuándo fueron grabados realmente. Los expertos utilizaron herramientas forenses sofisticadas como exiftool y ffprobe para analizar los metadatos de los archivos, pero los resultados fueron desalentadores. Aunque detectaron una marca temporal que sugiere una supuesta modificación del 24 de abril de 2023, los peritos la catalogaron explícitamente como "no concluyente". Esto significa que ni siquiera esa fecha puede considerarse confiable para establecer cuándo se originó el material audiovisual.
Lo más problemático para la investigación es que los metadatos de origen de los videos se encuentran completamente perdidos. Las marcas temporales internas de captura están en cero, un indicador de que el material ha pasado por algún tipo de "intermediación tecnológica", ya sea porque fue reenviado a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram, o porque fue editado. El informe es particularmente inquietante en este punto: advierte que la fecha de modificación visualizada en el software forense coincide exactamente en horas, minutos y segundos entre todos los videos analizados, comportamiento que sugeriría una manipulación manual de metadatos utilizando herramientas especializadas para ese fin. Los peritos no pueden determinar con certeza científica cuál sería el metadato correcto, lo que impide hacer una correlación completa entre los datos de los archivos y el sistema de archivos donde estaban almacenados.
Otro aspecto crítico que debilita significativamente el valor probatorio de estos videos es la inexistencia de un código HASH de origen. Este mecanismo funciona como una especie de huella digital única que se genera mediante un algoritmo matemático y permite verificar que un conjunto de datos no ha sido alterado. Es una medida estándar de seguridad en archivos digitales que requiere cadena de custodia rigurosa. Dado que los siete videos no contaban con este código de origen, los peritos concluyeron que no puede garantizarse bajo ninguna circunstancia su integridad. Sin esta protección fundamental, es imposible certificar que el contenido que se ve actualmente es exactamente el mismo que fue grabado originalmente, sin modificaciones, ediciones o manipulaciones de ningún tipo.
El procedimiento para llegar a estas conclusiones fue ordenado por la Justicia a principios de julio con el objetivo de determinar la fecha exacta en que fueron capturadas estas imágenes y establecer si habían sufrido alteraciones previas. Los archivos fueron encontrados en un pendrive y, según la información que trascendió públicamente, habrían sido presuntamente grabados durante 2023 en una vivienda ubicada en el Barrio Privado Fincas de San Vicente, en el sur del conurbano bonaerense, donde la pareja actualmente separada residía en ese entonces. Sin embargo, este dictamen pericial ahora pone en serio cuestionamiento todo lo que podría construirse sobre la base de esos videos como elemento de prueba.
El hallazgo de estos problemas de autenticidad genera un escenario complejo para la acusación, ya que estos videos representaban el material probatorio más visual y contundente con el que contaba la causa. La imposibilidad de verificar su origen, integridad y veracidad los convierte en pruebas cuestionables, lo que abre las puertas a argumentaciones de defensa basadas en la falta de confiabilidad de la evidencia. El juez Armella deberá evaluar cuidadosamente si considera este material en sus futuras resoluciones, teniendo en cuenta que cualquier sentencia fundamentada en estas imágenes podría ser vulnerable a impugnaciones por vicios en la cadena de custodia y falta de autenticidad demostrada científicamente.
