Las cámaras empresarias presionan al Congreso por leyes de minería y energía
Sectores mineros y energéticos impulsan cambios legislativos para atraer inversiones. Tierras raras, mercado de carbono y biocombustibles están en agenda parlamentaria.
El Congreso Nacional se convierte en epicentro de negociaciones para transformar el marco regulatorio de sectores clave de la economía argentina. Mientras que la atención pública sigue enfocada en grandes reformas como el RIGI y la ley de Glaciares, en las comisiones parlamentarias avanzan iniciativas que podrían dinamizar inversiones en minería, energía renovable y biocombustibles. Las cámaras empresariales ven en estas iniciativas la oportunidad para posicionar a Argentina en mercados internacionales de alto valor agregado y tecnología de punta.
Uno de los proyectos más novedosos es la incorporación de las tierras raras al Código de Minería. Se trata de 17 minerales del grupo de los lantánidos, fundamentales para fabricar imanes de potencia, baterías, componentes LED y diversos procesos industriales. Aunque Argentina recién está comenzando a explorar su potencial extractivo, el Servicio Geológico Minero Argentino ya identificó casi 190 mil toneladas de estos recursos, principalmente distribuidas en Salta, Jujuy, San Luis y Santiago del Estero. Actualmente, estos minerales se encuentran en una zona gris desde el punto de vista legal, lo que desalienta inversiones. La aprobación del proyecto permitiría uniformar su régimen con el de otros materiales mineros y abriría la puerta a negocios de millones de dólares.
El dictamen favorable obtenido en Diputados fue producto de un trabajo legislativo acelerado. Silvana Giudici, diputada de La Libertad Avanza, impulsó la iniciativa que logró apoyo de radicales y bloques provincialistas, demostrando que existe consenso multisectorial. Lo llamativo fue la velocidad del proceso: apenas un mes de debate en comisión y votación el mismo día de la sesión. Sin embargo, el peronismo presentó su propia alternativa que, si bien incorpora las tierras raras al Código de Minería, las excluye del régimen de inversiones y busca categorizarlas como "de interés nacional", generando una estrategia federal que reconoce la jurisdicción provincial sobre estos recursos naturales. Representantes de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros fueron enfáticos: pidieron un "marco jurídico estable, competitivo y previsible" que no ahuyente capitales hacia países vecinos.
En paralelo, el Senado analiza otro proyecto de envergadura: la institucionalización del mercado de carbono. Esta iniciativa busca regularizar la comercialización de "créditos de carbono", que son certificados generados por proyectos de sostenibilidad como reforestación, energías renovables o agricultura regenerativa. Cuando estos emprendimientos reducen emisiones de gases de efecto invernadero, pueden vender los créditos a empresas locales o extranjeras que necesiten compensar su propia huella de carbono. La senadora salteña Flavia Royón impulsa un régimen que crearía el Registro Nacional de Reducción de Emisiones, superando las funciones del anterior Registro de Proyectos de Mitigación. El proyecto fue dictaminado en septiembre y podría incluirse en una próxima sesión mediante acuerdo con el oficialismo. Este mercado representa una oportunidad concreta para que empresas argentinas con tierras y recursos naturales generen ingresos adicionales mientras contribuyen a objetivos climáticos globales.
Otro punto caliente en la agenda es la descompresión del régimen de zonas frías, tema que el Senado prevé debatir próximamente. Además, persiste la presión de cámaras empresariales para desbloquear la ley de biocombustibles, norma que lleva demasiado tiempo en discusión sin avances concretos. Estos sectores argumentan que legislaciones modernas y previsibles no solo atraen inversiones, sino que generan empleo en territorios donde la economía está estancada. Desde organismos especializados como el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales señalan que Argentina posee "proyectos de clase mundial" en minería, pero advierte que si se elevan los costos regulatorios se estanca la actividad, mientras que regulaciones competitivas la estimulan. La pelota está ahora en manos de los legisladores.
