Nuevo diferimiento de impuestos a combustibles: el Gobierno evalúa otra prórroga

El equipo económico se encuentra en plena evaluación sobre si extenderá una vez más el diferimiento de los impuestos que gravan los combustibles líquidos. La decisión, que debería concretarse en las próximas horas desde la Secretaría de Energía, es crucial para determinar si los precios de nafta y gasoil sufrirán nuevos incrementos a partir del mes que viene. Fuentes del organismo confirmaron que el tema se encuentra "en análisis", en medio de la puja permanente entre el control inflacionario y la necesidad de mantener en orden las finanzas públicas.

El panorama es complejo. Si el Gobierno no aprueba una nueva prórroga, los aumentos que se han ido acumulando desde 2024 y durante el primer trimestre de 2026 comenzarían a aplicarse desde el primero de julio. Esto representa un caudal importante de incrementos tributarios que había quedado congelado mediante decisiones previas. El último diferimiento fue dispuesto hace apenas un mes, a través del Decreto 405/2026 publicado en el Boletín Oficial, cuando la administración decidió correr la aplicación de estos ajustes al primero de julio. Esa medida abarcó la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, además del impuesto al dióxido de carbono.

Los combustibles son un engranaje sensible en la economía argentina. Su peso en los costos de transporte, logística, producción agropecuaria y movilidad es determinante. Cualquier actualización en los impuestos que los gravan tiene el potencial de trasladarse rápidamente a los precios de los surtidores y desde allí propagarse a toda la cadena de valores. Por eso, el Gobierno ha convertido los diferimientos tributarios en una herramienta de gestión contra la inflación. Desde que asumió, la administración ha aplicado sucesivos postergamientos en lugar de dejar que estos impuestos se actualicen automáticamente según el índice de precios, como establece la normativa.

En los argumentos esgrimidos en el decreto de junio pasado, la Casa Rosada señaló que la postergación buscaba "continuar estimulando el crecimiento económico a través de un sendero fiscal sostenible". La realidad práctica fue más directa: durante ese mes los aumentos acumulados no llegaron a los surtidores, lo que permitió mantener cierta contención en el índice de inflación. Ahora el dilema vuelve a presentarse. ¿Habilitar que los tributos pendientes impacten en los precios finales o volver a extender el diferimiento mediante un nuevo decreto? La respuesta dependerá de cómo evalúe el Gobierno la coyuntura macroeconómica y el riesgo inflacionario.

Si efectivamente se autoriza la aplicación de estos impuestos acumulados, el impacto final será modulado por varios factores. Las petroleras tendrán su espacio de decisión sobre cómo trasladar (o no) estos costos a los consumidores. La evolución del precio internacional del crudo también jugará un rol importante: cotiza muy por debajo de los niveles que alcanzó tras los conflictos en Medio Oriente. El tipo de cambio seguirá siendo otro condicionante. Y la estrategia oficial para administrar los precios regulados completará el cuadro. En mayo, YPF implementó un esquema de amortiguación de precios que fue acompañado por otras compañías del sector, manteniendo la nafta súper rondando los $2.000. Ese mecanismo de contención podría volver a activarse si hay nuevas presiones hacia arriba.

La discusión sucede en un contexto de alta sensibilidad respecto a los precios de la energía. Más allá del componente impositivo, el mercado sigue de cerca la cotización internacional del petróleo y los movimientos de las compañías para evitar subas abruptas. En julio, el Gobierno deberá decidir si considera que el momento es propicio para dejar que estos impuestos se apliquen o si, por el contrario, prefiere mantener congelados los aumentos acumulados un período más. La respuesta tendrá consecuencias tanto en los surtidores como en el IPC de los próximos meses.