Provincias buscan refinanciar los adelantos de coparticipación que recibieron en abril
Doce distritos tomaron créditos por $400.000 millones del Gobierno Nacional. Ahora, al menos tres provincias evalúan reestructurar esas deudas ante la presión fiscal creciente.
La situación fiscal de las provincias argentinas sigue tensionándose. Al menos tres jurisdicciones que accedieron a los anticipos de coparticipación federal durante abril ya están analizando la posibilidad de refinanciar esos compromisos adquiridos con el Ministerio de Economía. Una cuarta provincia tendría la reestructuración en evaluación. El movimiento refleja las dificultades que enfrentan los gobiernos subnacionales para mantener el equilibrio de sus cuentas en un contexto de menor transferencia de fondos desde Nación y caída en la recaudación propia.
La ayuda de $400.000 millones se distribuyó entre doce provincias a través de un mecanismo especial diseñado para evitar que los gobernadores recurrieran al mercado de capitales o a instituciones bancarias, donde hubieran enfrentado tasas de interés considerablemente más altas, especialmente en dólares. El Ministerio de Economía, bajo la conducción de Luis Caputo, pactó estos préstamos al 15% anual. Los fondos fueron destinados a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Se trata de créditos que deben reembolsarse dentro del año fiscal mediante descuentos directos en los fondos de coparticipación, operatoria que contablemente se registra como deuda flotante en los balances de las administraciones provinciales.
El deterioro de la capacidad de pago de las provincias es evidente cuando se analizan los indicadores macroeconómicos recientes. Durante el primer trimestre de este año, el superávit primario de las gobernaciones experimentó una caída considerable, pasando del 0,4% del PBI registrado en 2025 al 0,2% en 2026. La tendencia proyecta que en los próximos meses varias provincias terminen operando con números rojos. Aunque julio presentó una excepción a esta dinámica por el pago del Impuesto a las Ganancias de las personas físicas el 27 de ese mes, lo que incrementó temporalmente los ingresos por coparticipación, el panorama general sigue siendo crítico. Los ajustes que los gobernadores implementaron en sus respectivos territorios —reducciones de gastos, congelamiento de inversiones y racionalización de recursos— resultaron insuficientes para compensar la contracción de transferencias nacionales.
A nivel agregado, la deuda pública provincial alcanzó el 3,4% del PBI en el primer trimestre de 2026, representando un incremento de 0,2 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior. Según datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), el stock consolidado de deuda de todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires totalizó $32,6 billones al cierre del trimestre. Medido en moneda constante, esto implica un crecimiento del 7% comparado con igual período de 2024. Sin embargo, desde una perspectiva histórica de dos décadas, los niveles de endeudamiento provincial en 2026 se ubican entre los más bajos, superando apenas al registrado en 2025. La composición de esa deuda muestra que los bonos representan el 74,4%, los organismos internacionales el 20,1%, los bancos el 3,1%, el gobierno nacional el 1,6% y el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional el 0,7%.
El análisis de las provincias sobre refinanciar los adelantos de coparticipación será determinante en las próximas semanas. La decisión final dependerá de la aprobación del Ministerio de Economía, que deberá evaluar cada solicitud considerando el contexto macroeconómico y fiscal general del país. Lo que está en juego es la capacidad de las administraciones provinciales para mantener sus operaciones básicas—educación, salud, seguridad—sin recurrir a nuevas presiones inflacionarias por desfinanciamiento. La tendencia creciente de tomar crédito del Gobierno Nacional evidencia que el ajuste estructural que se esperaba que implementaran los gobernadores en sus territorios encuentra límites reales, y que la coordinación fiscal entre Nación y provincias seguirá siendo uno de los capítulos más complejos de la agenda política de los próximos meses.
