Prensa Explícita La realidad al desnudo
La historia de Catalina Giraldo abrió un fuerte debate en Colombia sobre los límites del derecho a morir dignamente, a partir de su pedido de acceder al suicidio médicamente asistido, un procedimiento en el que es la propia persona quien lleva adelante el acto final.
La psicóloga de 30 años se convirtió en la primera persona en solicitar de manera formal el acceso a este procedimiento, una práctica que fue despenalizada en el país hace cuatro años, pero que aún no cuenta con una reglamentación.
Su pedido no fue aprobado y, a partir de esa negativa, inició una batalla legal inédita que pone en evidencia los vacíos legales que existen y busca abrir el camino para que otras personas en situaciones similares puedan acceder a este derecho.
Catalina Giraldo fue diagnosticada con trastorno depresivo mayor severo y persistente, trastorno límite de la personalidad y trastornos de ansiedad. “Es como una sensación de vacío con la vida, que lo siento físicamente, en el pecho, y me duele”, contó la mujer de 30 años en una entrevista con Noticias Caracol.
BBC Mundo relata que durante años Catalina atravesó múltiples tratamientos; cerca de cuarenta esquemas farmacológicos, largos procesos de psicoterapia e intervenciones como la terapia electroconvulsiva.
Además, en los últimos siete años, pasó por nueve internaciones y varios intentos de suicidios a raíz de crisis agudas. Sin embargo, nada logró aliviar ese malestar que describe como constante.
Su historia tomó estado público a partir de esa entrevista con el medio colombiano, en la que también expresó el desgaste frente a una lucha que siente interminable. “Para mí, la muerte es un alivio”, afirmó.
En Colombia, el suicidio médicamente asistido fue despenalizado en 2022 por la Corte Constitucional, que lo reconoció como parte del derecho a morir dignamente. Sin embargo, a diferencia de la eutanasia (que sí cuenta con protocolos y regulación), esta práctica todavía no tiene un marco normativo claro que establezca cómo debe implementarse.
En octubre de 2025, Giraldo presentó formalmente su solicitud ante su prestadora de salud. El pedido fue rechazado con el argumento de que no existen condiciones normativas ni operativas que garanticen su realización de manera legal y segura.
Frente a ese escenario, el caso derivó en una disputa judicial. Acompañada por su abogado, Lucas Correa, inició una batalla legal que busca no solo una respuesta individual, sino también sentar un precedente.
“La Corte tiene en sus manos un caso único y excepcional, en el que quien decide morir pide hacerlo de otra manera: acompañada, sin dolor y junto a su familia”, sostuvo Correa.
Un juez de Bogotá rechazó su planteo al considerar que podría acceder a la eutanasia. Pero esa no es la opción que ella elige. Según explica su abogado, Catalina no quiere que un médico administre la sustancia, sino que la prepare y la acompañe en el proceso.
La diferencia está en que en la eutanasia, el profesional de la salud aplica directamente el fármaco que provoca la muerte, mientras que el suicidio médicamente asistido, en cambio, es la propia persona quien realiza el acto final, con asistencia médica previa.
La psicóloga también señala que su delicado estado de salud afecta especialmente a su familia, que aunque la acompaña en su decisión, mantiene la esperanza de una mejora. “Para mí, pedir el suicidio médicamente asistido es un acto de amor: hacia mí misma, pero sobre todo hacia mi familia”, concluye Catalina.
