Adorni enfrenta nueva lluvia de denuncias por inconsistencias en sus bienes
La Justicia sorteó varias presentaciones contra el jefe de Gabinete acusándolo de falsedad ideológica. Las denuncias surgen tras conocerse rectificaciones que duplicaron su patrimonio declarado.
Manuel Adorni atraviesa un momento delicado en el ámbito judicial. Este martes, los tribunales de Comodoro Py sortearon varias denuncias en su contra relacionadas con inconsistencias en sus declaraciones de bienes. Las acusaciones giran en torno al delito de falsedad ideológica, figura que contempla la inserción de información falsa en documentos oficiales. Para el funcionario que ocupa la jefatura de Gabinete, esto representa un nuevo frente de conflictividad después de que salieran a la luz modificaciones sustanciales en sus patrimonios declarados.
El escándalo se desató cuando Adorni presentó rectificaciones a su declaración jurada que incrementaron considerablemente el monto total de sus activos. Según explicó en una entrevista televisiva, la diferencia obedecería a ingresos por medio millón de dólares provenientes de operaciones con criptomonedas realizadas años atrás, dinero que habría mantenido oculto durante su permanencia en la función pública. Esta revelación tardía despertó sospechas en diversos sectores sobre la veracidad de sus presentaciones anteriores ante la Oficina Anticorrupción, organismo responsable de fiscalizar el patrimonio de funcionarios públicos.
Entre quienes formalizaron denuncias se encuentran los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, cuya presentación fue sorteada al juzgado federal número 6, actualmente bajo la responsabilidad del juez Daniel Rafecas. Paralelamente, el abogado José Magioncalda también interpuso una acusación por falsedad ideológica. Además, la Fundación por la Paz y el Cambio Climático presentó una denuncia adicional contra Adorni y su esposa Bettina Angeletti, en este caso por presunta asociación ilícita. Esta proliferación de presentaciones legales refleja la gravedad con que diferentes actores políticos y civiles abordan la cuestión patrimonial del funcionario.
Cabe señalar que estas nuevas denuncias probablemente se anexionarán a la investigación por enriquecimiento ilícito que ya se encuentra en fase avanzada bajo supervisión del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo. En esa causa ya se detectaron inconsistencias importantes en las declaraciones juradas previas, lo que motivó al fiscal a ordenar medidas complementarias. Actualmente, se trabaja en la redacción de un requerimiento de justificación patrimonial mediante el cual se le exigirá al funcionario que detalle minuciosamente el origen de sus fondos y explique las discrepancias encontradas en sus documentos.
El requerimiento de justificación patrimonial funciona como paso previo a una eventual indagatoria. Si el magistrado considera insuficientes las explicaciones brindadas por Adorni, podría avanzarse hacia instancias procesales más complejas. De todas formas, el funcionario aún tiene la oportunidad de presentar pruebas y argumentos que respalden sus versiones sobre la procedencia de los fondos en cuestión. Sin embargo, la acumulación de denuncias en tribunales distintos y el avance de investigaciones simultáneas en varios frentes judiciales augura un escenario legal particularmente complejo para quien integra el núcleo duro de la actual administración nacional.
