Clorinda enfrenta críticas por tasas al transporte: ¿aduana interna disfrazada?

El municipio de Clorinda está nuevamente en el ojo de la tormenta por las recientes modificaciones en su régimen tributario. Las decisiones del Concejo Deliberante local sobre gravámenes al transporte pesado internacional han reabierto un debate que trasciende lo meramente administrativo para meterse de lleno en cuestiones constitucionales y técnico-legislativas que generan incertidumbre en el sector privado.

Durante su participación en el programa "Algo Está Pasando" de FM VLU 88.5, la concejal justicialista Marisa Canavesio realizó un exhaustivo análisis institucional sobre las consecuencias de estas medidas. Su mensaje fue claro y contundente: la política fiscal municipal adolece de sustento técnico, lo que genera una atmósfera de imprevisibilidad que perjudica tanto a quienes deben contribuir como al equilibrio general de precios en la región. Según la legisladora, estamos frente a un problema histórico que las gestiones sucesivas han intentado "retocando y modificando" sin resolver de fondo.

El fantasma de la aduana interna

Uno de los argumentos más sólidos esgrimidos por la oposición es que estas tasas constituirían una especie de aduana interna, prohibida expresamente por la Constitución Nacional. Canavesio señaló que la Cámara Civil y Comercial ya se ha pronunciado sobre esto en fallos anteriores, obligando a gobiernos previos a sacar artículos del código municipal. Es verdad que los camiones internacionales generan deterioro en la infraestructura vial, molestias a los vecinos y riesgos de seguridad, reconoce la concejal, pero la solución no pasa por crear barreras regulatorias que restrinjan la libre circulación. "La Constitución prohíbe que el tránsito sea regulado de esa manera", enfatizó la legisladora, haciendo referencia a pronunciamientos judiciales que ya han cuestionado estas prácticas en Clorinda.

Pero la crítica va más allá de la constitucionalidad formal. Canavesio denunció una práctica legislativa que calificó como "inadecuada desde el punto de vista tributario": la incorporación simultánea de elementos sancionatorios y fiscales en un mismo cuerpo normativo. En concreto, el código contiene tanto la tasa de ingreso para camiones como penalidades -incluyendo restricciones de movimiento en playas de estacionamiento condicionadas a test de alcoholemia-, todo en un único texto. Esto viola los principios básicos del derecho administrativo y tributario, según la perspectiva de la concejal. "Es un aquelarre", resumió con ironía, para luego resaltar que semanalmente llegan nuevas modificaciones que la mayoría oficialista aprueba sin mayores cuestionamientos.

Volatilidad normativa y gestión improvisada

Quizás el aspecto más preocupante es la volatilidad de las normativas. Hace menos de treinta días el municipio aprobó cobros de quince unidades tributarias, cifra que fue reducida a doce tras el escándalo público. Esta constante revisión de montos genera una señal desastrosa para el sector transportista y para los operadores internacionales: la falta de previsibilidad institucional. Según Canavesio, esto evidencia una gestión presupuestaria improvisada que no atiende los problemas estructurales del financiamiento municipal. Las modificaciones permanentes del régimen tributario no resuelven nada; simplemente generan conflictividad y desconfianza en el marco regulatorio local.

El conflicto en Clorinda ejemplifica un dilema que enfrentan muchos municipios fronterizos: cómo financiar servicios e infraestructura sin incurrir en medidas que vulneren garantías constitucionales. Mientras el municipio insiste en gravar el paso de camiones internacionales, la oposición legislativa reclama por una discusión de fondo sobre cómo articular de manera equilibrada la necesidad de recaudación con el respeto a principios fundamentales. Lo cierto es que la situación actual beneficia a nadie: genera conflictividad, desalienta inversiones y mantiene a Clorinda bajo la mira de posibles cuestionamientos judiciales que ya han ocurrido en el pasado.