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Formosa 📅 21 Sep. 2026

Escándalo en escuelas: denuncian adoctrinamiento político en aulas formoseñas

La UCR presentará acciones legales tras viralizarse videos de una delegada zonal impartiendo consignas partidarias en establecimientos educativos de Gran Guardia.

Escándalo en escuelas: denuncian adoctrinamiento político en aulas formoseñas

Un nuevo episodio sacude el sistema educativo formoseño. Videos grabados en instituciones escolares de Gran Guardia pusieron en la mira el accionar de funcionarios provinciales acusados de utilizar las aulas como espacios de promoción política. La diputada radical Carla Zaiser confirmó que el bloque opositor iniciará acciones administrativas y judicales para esclarecer las responsabilidades en un caso que volvió a tensionar la relación entre la política y la educación en la provincia.

Las imágenes que generaron repudio público muestran visitas de una delegada zonal a la Escuela de Educación Primaria N° 59 y a un establecimiento de nivel secundario, donde habría realizado discursos cuestionables frente a estudiantes. Según precisó Zaiser en diálogo con la FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO, el material audiovisual fue difundido inicialmente por la propia funcionaria a través de sus redes sociales. "Nos llegó al bloque y rápidamente salimos a hacer el descargo", explicó la legisladora, quien trabajó en conjunto con su colega Villaggi para procesar la información y tomar las medidas correspondientes.

Lo que más preocupa a la bancada radical es el contenido específico de los discursos impartidos en las escuelas. La delegada habría insistido en que los estudiantes reconozcan y mencionen constantemente al gobierno provincial como responsable de la distribución de guardapolvos, alimentos y kits escolares, como si se tratara de lecciones de memoria obligatoria. "Es como que lo tienen que saber como un versito", criticó Zaiser, quien afirmó que esta práctica no es aislada sino que ocurre en múltiples delegaciones de Formosa. La diputada calificó la situación de "gravísima" por cuanto compromete la calidad educativa y, sobre todo, atenta contra la libertad de pensamiento de niños y adolescentes que no pueden cuestionar lo que escuchan en las aulas.

Un aspecto particularmente delicado del caso involucra el modo en que se abordó la temática del suicidio durante las charlas escolares. Según denunció Zaiser, la funcionaria habría tratado este tema crítico de manera superficial y mezclada con directivas políticas, dirigiéndose a menores de edad sin los protocolos ni la sensibilidad requerida. "Van banalizando la cuestión, diciendo a los chicos que no se les ocurra pensar en el suicidio", describió la legisladora, quien enfatizó que este tipo de abordaje es no solo inefectivo sino potencialmente dañino cuando proviene de funcionarios sin especialización en salud mental.

La respuesta institucional de la UCR ha sido inmediata y contundente. Zaiser anunció que presentarán las acciones legales coordinadas con el abogado Juan Montoya y con el resto de la bancada radical, buscando establecer responsabilidades administrativas y judiciales. "Este tipo de actos no se pueden naturalizar ni seguir permitiendo que ocurran en nuestras instituciones educativas", sentenció la diputada. El caso refleja una problemática más amplia que viene ocupando al debate político provincial: el avance de consignas partidarias en los establecimientos escolares y el rol que cumplen ciertos funcionarios en ejercer presión sobre docentes y estudiantes bajo la apariencia de supervisión pedagógica.

Para Zaiser, el problema trasciende lo anecdótico. Advirtió que la penetración de figuras políticas en las instituciones educativas representa una amenaza sistémica para la formación integral de los alumnos. La diputada enfatizó la necesidad de contar con abordajes profesionales rigurosos y protocolos interdisciplinarios dentro del ámbito escolar, especialmente cuando se trata de temáticas complejas como la prevención del suicidio. La pugna por garantizar autonomía pedagógica y libertad de pensamiento en las aulas se perfila como uno de los debates centrales que enfrentará Formosa en los próximos meses, con estas acciones legales como primer paso de una batalla que promete extenderse.

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