Espionaje en Las Lomitas: denuncian vigilancia policial contra intendente
El jefe municipal Pablo Basualdo denunció que un efectivo de alto rango fotografiaba su casa y a su hermana menor. Acusa al gobierno provincial de usar la policía como en tiempos de dictadura.
La tranquilidad de Las Lomitas se vio sacudida por una denuncia que vuelve a encender la alarma sobre el accionar de las fuerzas de seguridad locales. El intendente Pablo Basualdo rompió el silencio en una entrevista radial para exponer un episodio que cataloga como grave: la presencia de un comisario inspector fotografiando y filmando el frente de su vivienda familiar, donde además convive su hermana de apenas tres años. El caso no solo genera preocupación por lo ocurrido específicamente, sino por lo que representa en términos de garantías constitucionales y democracia en la provincia.
Según relató Basualdo durante su intervención en el programa Algo Está Pasando de FM VLU 88.5, los hechos sucedieron cuando regresaba a su domicilio luego de una jornada normal de trabajo. El intendente señala que venía sospechando durante horas que un vehículo sin identificación lo seguía en sus desplazamientos, sospecha que se confirmó de manera contundente al arribar a la propiedad. Al confrontar in situ al oficial policial, este se retiró del lugar sin ofrecer explicación alguna. Lo inquietante del episodio radica en que no existe autorización judicial ni marco legal que justifique tareas de inteligencia sobre un inmueble privado, ni menos aún sobre menores de edad.
Para Basualdo, este incidente no constituye un hecho aislado sino la continuación de un patrón de persecución que su sector político viene sufriendo desde hace meses. El jefe comunal recordó públicamente otros episodios previos: el baleamiento de un camión cuando se dirigía a su campo, seguimientos en Paraguay y distintas acciones que califica como intimidación sistemática. «Es una situación más que se suma a tantas situaciones que hemos atravesado y vivido con la policía de la provincia», expresó con notoria preocupación durante la entrevista. Esta acumulación de hechos lleva al mandatario a considerar que estamos frente a una campaña coordinada de hostigamiento político.
Ante la gravedad de lo sucedido y desconfiando del sistema judicial provincial, Basualdo decidió radicar la denuncia ante organismos federales. La presentación fue realizada en Gendarmería Nacional, contando con el respaldo del Ministerio de Seguridad de la Nación. Esta decisión refleja la profunda desconfianza del intendente en los mecanismos de justicia locales, suponiendo que podrían estar capturados por intereses políticos provincianos. En su análisis público, Basualdo responsabiliza directamente al gobernador Gildo Insfrán por instrumentalizar a la fuerza policial como «brazo ejecutor de hostigamiento» contra sectores de la oposición política.
Las manifestaciones del jefe municipal trascienden lo coyuntural para adentrarse en un diagnóstico sombrío sobre el estado de la democracia formoseña. Basualdo denuncia el deterioro generalizado de las garantías constitucionales, la independencia de poderes y la calidad democrática en la provincia. Sus palabras evocan comparaciones con el período dictatorial, sugiriendo que el uso de la policía como instrumento de represión política representa un retroceso grave en materia de libertades y derechos. El caso queda ahora en manos de la justicia federal, mientras la sociedad formoseña permanece atenta a cómo se desarrollará esta investigación que toca aspectos sensibles del funcionamiento institucional provincial.
