Familias formoseñas atrapadas en fraude inmobiliario: "Queremos habitar nuestros terrenos"
Decenas de vecinos denuncian irregularidades graves en la inmobiliaria Mi Primer Casa. Tras tres años pagando cuotas puntualmente, descubrieron que sus lotes carecen de permisos municipales y que la documentación fue adulterada.
La angustia se apodera de más de cuarenta familias formoseñas que se encuentran atrapadas en un entramado de irregularidades legales y promesas incumplidas. La inmobiliaria Mi Primer Casa, responsable de comercializar loteos en la ciudad, ha quedado en el centro de una investigación tras confirmar autoridades municipales y la Defensoría del Pueblo la existencia de graves fraudes documentales y la venta de terrenos en predios no habilitados. Lo que comenzó como el sueño de tener un hogar propio se convirtió en una pesadilla legal para cientos de personas que depositaron su confianza y sus ahorros en esta empresa.
Edith Quintana, una de las víctimas de esta situación, relató los detalles de su caso en diálogo con un programa radial formoseño. Hace casi tres años, ella y su familia iniciaron la búsqueda de un terreno donde construir su casa. Primero consideraron una propiedad en el loteo Coto, pero rechazaron la opción por su proximidad a una planta recicladora. Entonces trasladaron sus pagos al emprendimiento Los Búfalos, ubicado sobre la ruta que conduce a Mojón de Paiva, en las cercanías del barrio Señor de la Milagrosa. Lo que parecía una oportunidad favorable rápidamente mostró sus grietas.
El costo de la transacción fue aumentando significativamente con el paso del tiempo. Quintana explicó que comenzó pagando 56.000 pesos hace años y actualmente las cuotas rondan los 97.600 pesos. Pese a cumplir religiosamente con los pagos entre el primero y el décimo de cada mes, la realidad del terreno dista mucho de lo prometido contractualmente. Según los términos del acuerdo firmado, entre la cuota 24 y la 36 el lote ya debería estar habilitado para construir, con todos los servicios básicos disponibles. Sin embargo, las obras de infraestructura esencial —red eléctrica, sistema de cloacas y apertura de calles— nunca se materializaron, tornando imposible la radicación de cualquier grupo familiar.
Cuando las familias decidieron investigar en organismos estatales como Defensa del Consumidor, descubrieron la cruda realidad: el predio jamás contó con autorización municipal para ser loteado. Las investigaciones oficiales revelaron un esquema de operación basado en la opacidad total. La inmobiliaria presentaba planos y documentación a los compradores, pero se negaba a entregar copias de los expedientes de aprobación. El punto más grave surgió cuando se constató la adulteración de documentos de mensura, donde presuntamente se falsificó una aprobación final utilizando como base un simple sello de recepción de trámite administrativo.
Las irregularidades no se limitan solamente a lo documentacional. Vecinos denunciaron algo aún más preocupante: la venta de los mismos lotes a múltiples familias simultáneamente. Quintana manifestó su alarma al enterarse de esta maniobra fraudulenta. Señaló que durante la firma de su contrato se encontraba únicamente con la vendedora en la oficina, pero posteriormente se enteró de que otros compradores habían adquirido el mismo terreno. Además, observó que muchos de los vendedores que atendieron inicialmente a los clientes ya no están presentes y nadie se atreve a asumir responsabilidad alguna por lo sucedido.
Las condiciones para rescindir el contrato resultan sumamente desventajosas para los compradores. La inmobiliaria ofrece devolver apenas el 40 por ciento del dinero invertido, y este cálculo se realiza sobre el valor histórico de las cuotas iniciales, no sobre el monto actual que las familias han pagado. Frente al silencio empresarial y la ausencia de respuestas en las reuniones sostenidas con autoridades municipales, los afectados decidieron organizarse colectivamente para defender sus derechos.
Edith Quintana tomó la iniciativa de crear un grupo en una plataforma de mensajería instantánea con vecinos del barrio Los Búfalos. En menos de veinticuatro horas, el grupo alcanzó más de cuarenta miembros, todos compartiendo la misma reivindicación: obtener una respuesta positiva y poder habitar sus terrenos quienes se encuentren al día con sus cuotas. La solidaridad entre damnificados es total, y aunque prefieren resolver la situación en el ámbito administrativo, no descartan acudir a los tribunales de justicia si no obtienen una resolución favorable. Lo que comenzó como un problema individual se transformó en una causa colectiva que interpela a las instituciones formoseñas sobre la necesidad de fortalecer los controles sobre transacciones inmobiliarias y proteger a los consumidores de prácticas fraudulentas.
