Justicia Instrumentalizada: Persecución a Periodistas en Las Lomitas
Un juez de paz en el interior formoseño intentó censurar el trabajo periodístico exigiendo credenciales inexistentes, violando fallos del Superior Tribunal de Justicia y exponiendo el deterioro institucional de la provincia.
El acoso sistemático contra los trabajadores de prensa que operan en localidades del interior formoseño vuelve a exponer las grietas profundas de un sistema democrático que se desmorona desde adentro. Lo sucedido recientemente en Las Lomitas no fue un simple malentendido administrativo ni una cuestión de menores proporciones. Se trató de un operativo de intimidación calculado contra la libertad de expresión y el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a información verificada, ejecutado a través de mecanismos judiciales que funcionan más como herramientas políticas que como guardianes de derechos.
Cuando agentes de la Policía Provincial detienen a reporteros gráficos y periodistas que realizaban coberturas de campo de forma pacífica, bajo el pretexto de requisitos burocráticos arbitrarios, el ordenamiento constitucional se quiebra en sus cimientos. El episodio revelador ocurrió cuando profesionales de la comunicación fueron interceptados mientras se trasladaban por la localidad, siendo conminados a retirarse supuestamente por carecer de autorizaciones previas ante las autoridades municipales. Detrás de esta acción policial estaba la resolución de un juzgado de paz que funcionó como bisagra represiva de intereses políticos locales.
El magistrado a cargo, Omar Padilla, encarna el colapso de la independencia judicial en territorios alejados de la capital provincial. Su trayectoria no es discreta: fue concejal del Partido Justicialista y mantiene su afiliación partidaria activa. Desde su despacho emite fallos que obedecen más a los dictados de la política que a los principios del derecho. La evidencia de esta subordinación es contundente: sus sentencias funcionan como respuestas preestablecidas a lo que le indican que haga. El juzgado de paz, en lugar de ser un escudo protector de garantías, se convirtió en una maquinaria de represión administrativo-judicial.
La sanción que se pretendió aplicar —cinco días de arresto— se fundamentó en una exigencia delirante: que los periodistas presentaran un "carnet oficial" o matrícula habilitante para ejercer su profesión en esa jurisdicción. Aquí radica el punto de máxima gravedad institucional. Exigir un permiso estatal, un registro gubernamental o cualquier clase de credencial para informar constituye censura previa en su forma más pura. Es un mecanismo autoritario que desconoce la esencia misma de la libertad de prensa y retrotrae el ejercicio del periodismo a épocas de dictadura burocrática. Ningún Estado democrático puede interponer trabas administrativas para que los ciudadanos accedan a información sobre asuntos de interés público.
La gravedad se multiplica cuando se considera que el Superior Tribunal de Justicia de Formosa ya ha zanjado completamente esta cuestión. Mediante el histórico Fallo 6200/23, el máximo tribunal provincial estableció con claridad meridiana que la actividad periodística no requiere titulación universitaria, matriculación obligatoria ni habilitación estatal alguna para su ejercicio legítimo. La jurisprudencia dejó asentado que ser periodista no es un status que otorgue el Estado, sino una condición que surge de la práctica cotidiana de buscar información, verificarla y ponerla en circulación, acompañada del reconocimiento que la sociedad misma confiere. No hay carnet que valga. No hay permiso que pida.
Pese a contar con este marco doctrinal sólido y vinculante, el juzgado de paz optó por ignorar la jurisprudencia de la cúpula judicial para imponer un régimen de control preventivo completamente inaplicable. Fue un desafío deliberado a las decisiones del STJ, un acto de insubordinación institucional disfrazado de legalidad local. Los formoseños que trabajan en comunicación no necesitan permiso de magistrados títeres para ejercer su profesión. El derecho a informar emana de la Constitución Nacional y de la Declaración de Derechos Humanos, no de un papel sellado en un juzgado de paz. La respuesta debe ser contundente y sin ambigüedades: que se deje de utilizar el poder judicial para censurar la verdad.
