La CNV flexibiliza las reglas para las calificadoras de riesgo
El organismo regulador aprobó una reforma integral que reduce más del 50% la burocracia normativa. El cambio busca simplificar procedimientos sin perder transparencia ni supervisión.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) avanzó con una transformación significativa del régimen regulatorio que rige a los Agentes de Calificación de Riesgo. Mediante la Resolución General N° 1164, el Directorio de la CNV modificó integralmente el marco normativo de estas entidades como parte de un proceso más amplio de desregulación y modernización que atraviesa el organismo. La medida busca reducir la carga burocrática, simplificar los procedimientos administrativos y alinear las normas con los estándares internacionales vigentes, sin comprometer los mecanismos de supervisión y transparencia que caracterizan al mercado de capitales argentino.
Los números de la reforma hablan por sí solos: la estructura normativa se redujo en más del 50% de su extensión original. Las secciones pasaron de 48 a tan solo 27, mientras que los artículos bajaron de 164 a 81. Además, se eliminaron los anexos que tradicionalmente acompañaban la regulación y se reorganizó todo el contenido en tres capítulos claramente diferenciados. Esta reorganización permite distinguir entre las disposiciones que aplican a todas las calificadoras y aquellas específicas según la categoría de cada entidad. La publicación formal en el Boletín Oficial está prevista para este viernes, momento a partir del cual el nuevo esquema regulatorio comenzará a regir efectivamente.
Roberto E. Silva, presidente de la CNV, destacó la importancia de esta desregulación, describiéndola como una reforma integral que refleja el compromiso del organismo con la modernización. Según explicó el funcionario, la modificación permitió eliminar requisitos que se consideraban innecesarios y avanzar hacia una regulación más eficiente. "Nos propusimos lograr menos burocracia y procesos más simples, pero sin resignar un ápice en materia de transparencia ni de supervisión", manifestó Silva, evidenciando que el objetivo no es desmantelar controles sino hacerlos más racionales y efectivos.
Entre los cambios más relevantes destaca la delimitación del nuevo régimen a las calificaciones públicas de riesgos crediticios, eliminando disposiciones que resultaban innecesarias. La normativa incorpora además una flexibilidad mayor para que las calificadoras desarrollen actividades complementarias, siempre que estas no generen conflictos de intereses que comprometan su independencia. Se elimina la obligación de notificar previamente las reuniones del consejo de calificación y la participación de la CNV en esos encuentros, una medida que busca fortalecer la autonomía del proceso de calificación. Simultáneamente, se flexibilizan las reglas relacionadas con la tercerización de servicios y los convenios de calificación.
Otro aspecto crucial de la reforma radica en otorgar a las calificadoras mayor libertad para definir sus propias metodologías, escalas y categorías de riesgo. Esto permite que cada entidad adapte sus procesos a su realidad operativa específica, fomentando la innovación y la eficiencia. En cuanto a las obligaciones de divulgación y revisión de calificaciones, el nuevo esquema establece un monitoreo permanente y continuo con actualización anual mínima, eliminando cargas informativas que se consideraban redundantes. La reforma también se alinea con la Ley de Financiamiento Productivo N° 27.440 y se adapta a los estándares internacionales de IOSCO, posicionando a Argentina en sintonía con las mejores prácticas globales del sector.
Esta transformación regulatoria responde a un contexto más amplio de modernización que la CNV viene impulsando para hacer más competitiva y eficiente la industria financiera local. El objetivo es construir un esquema regulatorio más ordenado y acotado para las calificadoras, manteniendo el foco en la supervisión efectiva y la transparencia del mercado, pero minimizando las exigencias administrativas que generan costos innecesarios. La aprobación de esta reforma representa un paso importante en la dirección de una regulación inteligente: aquella que protege al inversor y mantiene la integridad del sistema sin ahogarse en trámites burocráticos que no agregan valor real.
