La Justicia desestima financiamiento Caputo a Revolución Federal
Un juzgado federal descartó que la familia Caputo haya financiado a la agrupación y elevó a juicio a cinco integrantes por violencia política.
La Justicia Federal cerró una de las líneas de investigación más controversial en torno a Revolución Federal. El juez Marcelo Martínez De Giorgi resolvió este martes que no hay pruebas suficientes para sostener que los Caputo hayan utilizado operaciones comerciales como pantalla para financiar las actividades de la agrupación. Sin embargo, en paralelo, decidió llevar a juicio a cinco militantes acusados de hechos violentos e intimidación. Las decisiones marcan un punto de quiebre en una causa que mantuvo en vilo a sectores políticos durante meses.
El fallo es contundente respecto a los integrantes de la familia Caputo —Flavio Luis Nicolás, Hugo Luis Pascual y Rosana Pía—, quienes fueron sobreseídos. Martínez De Giorgi descartó la teoría que plantea que los fideicomisos Espacio Añelo y Santa Clara del Sur, administrados por Caputo Hermanos, funcionaron como vehículo para trasferir recursos hacia Jonathan Morel y su círculo cercano. El magistrado encontró que la relación comercial entre ambas partes fue genuina, vinculada a trabajos de carpintería, provisión de mobiliario y servicios relacionados con proyectos inmobiliarios concretos. "No se encuentra probada una participación criminal de Caputo Hermanos en el accionar de Revolución Federal", afirmó en su resolución.
El origen de la sospecha
La investigación se desencadenó a partir de alertas emitidas por la Unidad de Información Financiera (UIF), que detectó más de 6,5 millones de pesos en transferencias dirigidas a cuentas de Morel, personas de su entorno y proveedores asociados. Estos movimientos generaron sospechas inmediatas en la querella representada por abogados vinculados a Cristina Kirchner, quienes cuestionaron especialmente la contratación de Morel como carpintero. Los querellantes argumentaron que la coincidencia temporal entre los pagos y las actividades públicas de Revolución Federal no era casual, sino parte de una operación simulada destinada a blanquear dinero destinado a financiar la agrupación. Incluso se planteó que se trataba de una maniobra sofisticada para justificar transferencias políticas bajo la apariencia de trabajos de construcción y mobiliario.
Durante la tramitación de la causa, sin embargo, la investigación acreditó que efectivamente existieron proyectos inmobiliarios como Espacio Añelo, que se realizaron trabajos de carpintería, que hubo compra y traslado de mobiliario, y que intervinieron múltiples proveedores en esas operaciones. El juez fue particularmente riguroso al analizar la ausencia de elementos probatorios que vinculen el financiamiento. No aparecieron comunicaciones entre los Caputo y Morel que hablaran de financiar actividades políticas, no surgieron testimonios que corroboraran esa hipótesis, ni documentos que revelaran una intención delictiva. La resolución subraya que "no hay dudas de que el vínculo entre Jonathan Morel y Caputo Hermanos fue real", pero aclara que de la prueba producida no es posible deducir que ese vínculo hubiera tenido por objeto financiar a Revolución Federal.
Cinco acusados van a juicio
Mientras los Caputo quedan fuera de la causa, Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Sabrina Basile, Gastón Guerra y Lidia Casciano serán juzgados en un proceso oral por hechos de violencia e intimidación atribuidos a sus acciones en Revolución Federal. El juez ordenó la clausura de la instrucción y elevó la causa a juicio para que un tribunal colegiado analice las responsabilidades penales respecto de estos cinco integrantes de la agrupación. Esta bifurcación en la decisión refleja la complejidad del expediente: mientras rechaza conclusivamente la tesis del financiamiento desde sectores empresariales, la Justicia considera que hay elementos suficientes para procesar a quienes supuestamente protagonizaron actos violentos en representación de la organización.
La resolución representa un quiebre importante en la narrativa que rodeó a Revolución Federal durante los últimos años. La agrupación había sido vinculada públicamente con financistas macristas, y la investigación sobre los Caputo se convirtió en un caso de alto perfil político. Sin embargo, el fallo judicial refleja que los estándares de prueba exigidos por un juzgado federal son más rigurosos que las especulaciones mediáticas o políticas. El magistrado fue enfático al rechazar argumentos basados en meras coincidencias temporales entre pagos comerciales y actividades públicas de la agrupación. Con esta decisión, la causa sobre Revolución Federal entra en una nueva fase donde el foco se desplaza hacia los hechos violentos específicos atribuidos a militantes puntuales, dejando atrás la línea investigativa sobre supuesto financiamiento de sectores empresariales consolidados.
