La pobreza trepa a 31% en el primer semestre de 2026
Los indicadores sociales se deterioraron por el repunte inflacionario de la primera mitad del año, pero el Gobierno confía en una recuperación hacia fin de 2026.
El INDEC se prepara para dar a conocer este jueves cifras que golpearán en la mesa de los argentinos: la pobreza habría saltado al 31% en el primer semestre de 2026, marcando un retroceso significativo respecto al 28% registrado en el cierre del año anterior. Detrás de estos números están más de un millón y medio de personas que habrían caído bajo la línea de pobreza en apenas seis meses. Las proyecciones de analistas privados coinciden en alertar sobre este deterioro, aunque desde la Casa Rosada buscan darle una perspectiva temporal al problema, insistiendo en que se trata de una situación coyuntural vinculada al repunte inflacionario.
Los economistas del sector privado ya vienen anticipando este escenario hace semanas. El nowcast proyectaba en julio una incidencia de pobreza del 31,6%, según cálculos del especialista Martín González-Rozada de la Universidad Torcuato Di Tella. Por su parte, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina estima que el índice semestral oscilaría entre el 31% y el 32%. Estos guarismos, aunque preocupantes, requieren contextualizarse dentro de la trayectoria más amplia de la gestión de Javier Milei. En el primer semestre de 2024, la pobreza había alcanzado un pico del 52,9%, mientras que la indigencia se ubicaba en el 18,1%. Desde entonces, ambos indicadores iniciaron una tendencia descendente hasta llegar a 28,2% y 6,3% respectivamente en el segundo semestre de 2025.
La inflación como factor determinante
Desde la administración nacional explican que el incremento obedece fundamentalmente al repunte inflacionario que caracterizó a los primeros meses de 2026, fenómeno que erosionó directamente el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables y encareció las canastas básicas de alimentos. Se trata, argumentan, de un factor coyuntural que no invalida el proceso de ordenamiento macroeconómico llevado a cabo desde diciembre de 2023. Las fuentes oficiales sostienen que este deterioro temporal debe interpretarse dentro de un contexto más amplio donde la reducción de la inflación es la herramienta central para mejorar las condiciones de vida de las familias más golpeadas. Con la desaceleración que vienen mostrando los índices de precios en los últimos meses, el Gobierno confía en que los indicadores sociales retomen la senda descendente durante el segundo semestre.
Particularmente preocupante es la situación de la población infantil, el segmento más vulnerable de la sociedad. En el primer semestre de 2024, la pobreza alcanzaba al 67,1% de los menores de 17 años, con una tasa de indigencia del 27,3%. Aunque estos números mostraron una mejoría considerable hacia el segundo semestre de 2025 (descendiendo a 42,3% y 9,4% respectivamente), cualquier deterioro en este grupo genera alarmas en materia de políticas sociales. El Gobierno ha enfatizado que las transferencias directas mediante la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar constituyen el eje de su estrategia redistributiva, buscando proteger especialmente a las familias con menores ingresos.
En ese sentido, la administración nacional destaca haber incrementado significativamente estos programas de asistencia. La AUH se elevó un 645%, mientras que la Prestación Alimentar creció 228% y la Asignación Mil Días para la primera infancia experimentó un aumento del 2.137%. El Gobierno se propuso mantener la cobertura conjunta de ambas prestaciones en un 95% de la Canasta Básica Alimentaria, eliminando intermediaciones y priorizando las transferencias directas a las familias. Este enfoque busca maximizar el impacto de cada peso invertido en protección social, llegando directamente a quienes más lo necesitan.
Más allá de las cifras que se conocerán este jueves, lo cierto es que Argentina enfrenta nuevamente una encrucijada: la necesidad de sostener la estabilidad macroeconómica sin que ello genere un costo social insostenible en el corto plazo. Si bien los indicadores actuales están considerablemente por debajo de los registrados a principios de la gestión Milei, la suba de 2 a 3 puntos porcentuales en pobreza e indigencia respecto de hace seis meses representa un retroceso que tensiona el relato oficial sobre la mejora económica. La pregunta que flota en el ambiente es si efectivamente la desaceleración inflacionaria de los últimos meses logrará traducirse en una recuperación de los indicadores sociales hacia fin de año, o si esta será una batalla más larga de lo esperado.
