Milei apuesta todo a la inflación mientras crece el malestar económico

El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, tienen puesto el foco en un objetivo que consideran determinante: controlar la inflación y reactivar el crecimiento económico. Para lograrlo, el mandatario sostiene que no hay vuelta atrás en la búsqueda del equilibrio fiscal, una posición tan inflexible que incluso el Gobierno impulsa reformas al Banco Central que incluyen penas de cárcel para autoridades que emitan dinero sin autorización. Es una apuesta muy particular: hacer de la austeridad el salvavidas de una economía que atraviesa tensiones crecientes.

En las próximas horas llegará al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, fijándose el martes como fecha límite para su presentación. Milei ya dejó sentada su posición: independientemente de que el próximo sea un año electoral, la "motosierra" continuará sin piedad en los gastos. El déficit cero seguirá siendo el mandamiento incuestionable de lo que el Gobierno llama la "ley de leyes". Desde la Casa Rosada aseguran que el presidente está convencido de que será reelegido gracias a los logros económicos, supuestamente comparables con "el mejor momento del país en cien años", razón por la cual hay que profundizar el rumbo, sin concesiones.

Sin embargo, esta estrategia reactiva un debate que divide aguas en el establishment político y económico. Los libertarios defienden que el equilibrio de las cuentas públicas es el fundamento necesario para que Argentina vuelva a "ser grande", pero los críticos argumentan que mantener las cuentas ordenadas sin impulsar medidas de reactivación económica real y mejora distributiva podría convertirse en el "talón de Aquiles" del programa oficial. La pregunta que flota en el aire es incómoda: ¿es suficiente reducir el déficit si la gente no ve mejoras en su bolsillo?

La complejidad del desafío es estructural. Más del 55% del gasto público está indexado a la inflación pasada, según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y otras transferencias se reajustan automáticamente cada cierto período. Esto genera una trampa perversa: cuando la inflación desacelera, como viene ocurriendo este año, esos gastos siguen subiendo en términos reales. Para compensar y mantener el superávit, el Gobierno se vio obligado a recortar casi un 10% en otras áreas. Además, mantener una restricción del 90% en transferencias a provincias resulta cada vez más insostenible políticamente, en momentos en que Milei necesita negociar apoyos legislativos para cambiar las reglas electorales y tejer alianzas en el interior.

El creciente malestar ciudadano es un síntoma que no puede ignorarse. Encuestas recientes pintan un cuadro preocupante: 70% de los ciudadanos expresan insatisfacción con la marcha general del país; 63% califica de "mala" la situación económica; más del 50% asegura haber agotado su paciencia esperando mejoras reales en el modelo; y casi 4 de cada 10 argentinos no llegan a fin de mes. Mientras se acercan las elecciones, las presiones políticas y sociales por mejorar ingresos y acceso a bienes básicos tienden a intensificarse. Es un escenario en el que la promesa de equilibrio fiscal, por más ortodoxa que sea, choca frontalmente contra las expectativas de alivio inmediato.

Los especialistas coinciden en que 2027 no traerá disrupciones económicas mayores, pero tampoco se espera un cambio sustancial de escenario. El Gobierno apuesta entonces a que la reducción de la inflación sea suficiente capital político para sostener su modelo. Si esa apuesta falla, si la inflación repunta o si el crecimiento económico sigue siendo magro, la "motosierra" podría transformarse de estrategia ganadora en su mayor vulnerabilidad. Por ahora, Milei mantiene sus cartas en la mesa, convencido de que tiene razón. Lo que dirán los votos en 2027 es otra historia.