Milei prepara su carrera hacia 2027 con negociaciones clave con gobernadores
Con su imagen estabilizada pero debilitada, el Gobierno diseña la estrategia de reelección. Las conversaciones con mandatarios provinciales, la reforma electoral y las pugnas internas marcan el rumbo del oficialismo.
Mientras la mayoría de los argentinos sigue la Copa América, en los pasillos del poder nacional ya se tramita la carrera presidencial de 2027. La administración Milei desplegó con más intensidad que nunca el operativo electoral de cara a la reelección del mandatario libertario, consciente de que la ventana de oportunidad se cierra a medida que avanzan los meses y que la realidad económica sigue presionando sobre la percepción ciudadana. Con encuestas internas que muestran una estabilización relativa en los números de desaprobación, desde La Libertad Avanza entienden que el Presidente parte de un piso de alrededor del 30%, una cifra lejos de la adhesión que cosechó durante los primeros meses de su gestión, pero suficiente para disputar una reelección en un escenario fragmentado.
Lo que más preocupa en los círculos cercanos al mandatario es la metamorfosis política que ha sufrido Milei desde que asumió. Aquel candidato antisistema que capitalizó el voto de protesta y que prometía romper con la casta política tradicional comenzó a parecerse cada vez más a los políticos convencionales que tanto criticaba. La incorporación de dirigentes del PRO de largo recorrido, los escándalos públicos y la gestión cotidiana lo despojaron de la aureola de outsider que lo catapultó a la presidencia. Hoy, el rechazo que genera supera al respaldo que cosecha, una realidad incómoda que obliga al Gobierno a repensar su estrategia electoral para evitar una eventual derrota en balotaje.
Ese cambio de identidad política abre dos frentes simultáneamente: uno vinculado a los riesgos inherentes a una posible segunda vuelta electoral, y otro ligado a la necesidad urgente de tejer alianzas territoriales sólidas. Los gobernadores emergieron como el objetivo prioritario para el Gobierno, entendiendo que controlar las máquinas electorales provinciales es fundamental para garantizar la reelección. La foto del 8 de julio en la Casa Histórica de Tucumán ilustró este giro estratégico de manera elocuente: mientras que hace un año apenas tres mandatarios concurrieron al acto presidencial en Misiones, esta vez trece gobernadores se dieron cita en la tradicional ceremonia norteña. El mensaje fue explícito: la predisposición al diálogo existe y está dispuesta a convertirse en acción política conjunta.
Las negociaciones, que se intensificaron tras la salida de Manuel Adorni y ahora son conducidas por Diego Santilli bajo la supervisión de Karina Milei, giran en torno a demandas bien específicas de los mandatarios provinciales. Los gobernadores exigen dos cosas fundamentales: transferencia de recursos fiscales y que La Libertad Avanza juegue a media máquina en las elecciones legislativas locales, permitiéndoles consolidar sus proyectos políticos sin interferencias desde el centro. A cambio, ofrecen apoyo electoral para la reelección presidencial. La moneda de cambio más valiosa es la reforma electoral: el Gobierno se comprometería a eliminar las PASO y reinstaurar las colectoras, permitiendo que los candidatos a legisladores nacionales de los gobernadores se cuelguen en la boleta de Milei, multiplicando su alcance electoral en los territorios.
Sin embargo, esta negociación en bloque esconde disparidades profundas entre los mandatarios. No es lo mismo la posición de radicales como Leandro Zdero en Chaco, que enfrenta amenazas electorales reales en su distrito, que la de peronistas desalineados de la conducción nacional de Cristina Kirchner, o la de los gobernadores de provincias con tradiciones fuertes como Neuquén y Río Negro. Los chats entre mandatarios, reactivados tras meses de inactividad, revelan una estrategia común: correr las elecciones provinciales lo más alejadas posible de octubre, mes tradicionalmente asignado a las legislativas nacionales. Así buscan asegurar primero sus propias victorias y después negociar desde una posición de fortaleza los acuerdos con la Casa Rosada. Algunos distritos patagónicos miran abril como fecha ideal, mientras que otros dialoguistas imaginan mayo con un súper domingo electoral que unifique criterios.
Paralelamente a estas negociaciones públicas, opera una disputa silenciosa en los entresijos del oficialismo. La vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich personifican dos lógicas políticas distintas sobre el futuro del espacio libertario. Mientras que Villarruel mantiene un perfil más bajo pero estratégico, Bullrich avanza en la construcción de una estructura propia dentro del Gobierno, reclutando cuadros históricos del PRO y posicionándose como una alternativa de centroderecha capaz de competir en una eventual segunda vuelta. Para Milei y su entorno, esta pugna interna representa un riesgo de fragmentación que podría costarle caro en 2027 si no la resuelve a tiempo. La construcción de 2027 apenas comienza, pero los trazos ya delinean un mapa electoral complejo donde la reelección dista de estar garantizada.
