Rafecas procesó a ocho responsables del atentado a la AMIA

El juez federal Daniel Rafecas cerró este lunes un nuevo capítulo en la investigación del atentado contra la sede de la AMIA al procesar a ocho ciudadanos iraníes y libaneses acusados de participación en el ataque más mortífero de la historia argentina. La resolución, que superó las 600 páginas de análisis minucioso, también impuso embargos por 500 millones de dólares a cada uno de los imputados. Se trata de un avance significativo en un juicio llevado adelante en ausencia, ya que todos los procesados permanecen prófugos fuera del territorio nacional.

La decisión judicial se enmarca en un procedimiento inédito en el país, habilitado por la Ley 27.784 que permite juzgar en ausencia a responsables de delitos vinculados con genocidio, crímenes de lesa humanidad y terrorismo. Los acusados fueron notificados formalmente de las imputaciones y de los pedidos de extradición sin presentarse ante la justicia argentina, lo que permitió que Rafecas avanzara con el procesamiento a pesar de la ausencia física de los imputados en las audiencias. Este mecanismo legal representa un cambio importante en la estrategia judicial para perseguir responsables de atentados de magnitud internacional.

Según la reconstrucción que realiza el fallo, la decisión de perpetrar el ataque fue adoptada en agosto de 1993 por las máximas autoridades del régimen iraní, quienes posteriormente encargaron su ejecución a la organización Hezbollah. El magistrado identificó una compleja red de apoyo que operó tanto a nivel regional como local, teniendo como centro neurálgico la Triple Frontera, conformada por Ciudad del Este, Foz de Iguazú y Puerto Iguazú. Esta estructura permitió coordinar los detalles logísticos del operativo, que finalmente se concretó en Buenos Aires con el estallido de una camioneta bomba cargada con aproximadamente 300 kilos de explosivos el 18 de julio de 1994.

Rafecas procesó como autores mediatos a cuatro exfuncionarios de rango superior del régimen iraní: Alí Fallahijan, exministro de Inteligencia; Alí Akbar Velayati, exministro de Relaciones Exteriores; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria; y Ahmad Vahidi, excomandante de la Fuerza Al Quds. El juez consideró probado que estos funcionarios participaron activamente desde sus posiciones estatales en la decisión y coordinación del atentado, facilitando que los operarios sobre el terreno ejecutaran el plan criminal. Simultáneamente, procesó como cómplices necesarios a tres diplomáticos iraníes que actuaron en Argentina: el embajador Hadi Soleimanpour, el consejero cultural Mohsen Rabbani y el agente de inteligencia Ahmad Asghari. Estos últimos brindaron aportes esenciales desde la estructura diplomática local.

El octavo procesado es Salman Raouf Salman, conocido también como Samuel El Reda, a quien la justicia atribuye la coordinación de la fase terminal del atentado en nombre de Hezbollah. En paralelo, Rafecas declaró falta de mérito respecto de Abdallah Salman y Hussein Mouzannar. El magistrado también dejó sin analizar la situación de Alí Khamenei y del líder de Hezbollah Imad Mughniyeh, ambos fallecidos, así como la de Alí Hussein Abdallah, quien murió en 2020. La calificación del hecho como crimen de lesa humanidad y genocidio refuerza la gravedad de la acusación y abre la puerta a futuras acciones judiciales en jurisdicciones internacionales que reconozcan estos delitos de extrema gravedad.