El Gobierno extendió el plazo para avanzar con la privatización de Intercargo, la empresa estatal encargada de los servicios de rampa y traslado de equipajes en los principales aeropuertos del país.

La fecha límite para recibir ofertas a través de la plataforma en línea CONTRAT.AR, con un precio mínimo fijado en 45.120.000 dólares, se extendió del 7 de mayo al 10 de junio. Además, el plazo para realizar consultas sobre las bases y condiciones del proceso se amplió hasta el 26 de mayo, cuando anteriormente era hasta el 27 de abril.
Esta prórroga se oficializó mediante la resolución 521 publicada en el Boletín Oficial este jueves. A fines de marzo, el Ejecutivo había autorizado el llamado a licitación pública nacional e internacional para la venta total de las acciones de la compañía.
En 2024, Intercargo quedó formalmente sujeta a la privatización según la ley Bases, y en marzo de 2025 un decreto presidencial autorizó el procedimiento bajo la modalidad de venta accionaria. Como anticipó Luis Caputo hace menos de un mes, el Gobierno finalmente puso en marcha el proceso de privatización.
Desde la Secretaría de Transporte informaron que la resolución 521 incorporó correcciones al pliego anterior, destacando que las mangas no se licitarán, ya que la responsabilidad de su operación quedará a cargo de cada operador aeroportuario. Sin embargo, aclararon que no hubo cambios sustanciales en el proceso.
La venta de Intercargo incluye la transferencia integral de la compañía, abarcando la totalidad de sus activos, y la salida total del Estado Nacional de su participación societaria, sin reserva de acciones ni presencia en el directorio. Asimismo, se garantizará la continuidad de la empresa como unidad operativa, manteniendo sus contratos, licencias y funcionamiento en los aeropuertos donde presta servicios.
Desde enero de 2025, con la desregulación, se incorporaron 11 nuevos prestadores de servicios de asistencia en tierra, de los cuales cuatro ya operan en distintos aeropuertos del país.
Intercargo, creada en 1961 y convertida en operador exclusivo de rampa desde 1990, presta actualmente servicios en 16 aeropuertos del país y cuenta con más de 1.500 empleados. Los trabajadores están encuadrados en dos gremios aeronáuticos que se opusieron a la política de «cielos abiertos» del Gobierno y llevaron a cabo varias medidas de fuerza a fines de 2024.
Según el Gobierno, la privatización permitirá corregir distorsiones acumuladas durante años en el esquema operativo y tarifario, y dejar atrás un modelo que requería asistencia estatal para sostener su funcionamiento. Con la venta, se busca incorporar inversiones privadas para modernizar equipos e infraestructura, mejorar la calidad y eficiencia del servicio, y reducir costos operativos.
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