Adorni enfrenta un informe patrimonial que podría acercarlo a la indagatoria

La investigación contra Manuel Adorni, exjefe de Gabinete durante la gestión Milei, entra en una fase crítica. Un informe especializado sobre su patrimonio podría convertirse en el documento determinante para que la Justicia le requiera explicaciones sobre el origen de sus bienes. El fiscal Gerardo Pollicita aguarda estos días el dictamen de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo que ha realizado un análisis exhaustivo de la evolución patrimonial y financiera de Adorni y su esposa Betina Angeletti desde su incorporación a la función pública.

Una vez que la fiscalía reciba y analice el informe de la DAFI, iniciará la siguiente etapa procesal: un requerimiento formal para que Adorni comparezca a justificar las inconsistencias que se hayan detectado en sus bienes y movimientos económicos. Los plazos procesales juegan a favor del exfuncionario: la feria judicial de invierno se extiende hasta el 31 de julio, lo que le otorga al menos dos semanas adicionales para preparar sus descargos. Se estima que el requerimiento se formalizará durante la primera semana de agosto, una vez que la actividad judicial retome su ritmo normal el 3 de ese mes.

Lo que hasta ahora ha salido a la luz en la causa es preocupante para la defensa de Adorni. Los investigadores han identificado gastos que superan los 400 mil dólares y deudas por 335 mil dólares, todo acumulado en apenas ocho meses desde que asumiera como vocero presidencial en diciembre de 2023. El expediente registra adquisiciones que llaman la atención: ropa blanca valuada en 8 millones de pesos, una cascada para la pileta de su casa en el country, proyectores para videojuegos, además de viajes y compras suntuarias financiadas con tarjetas de crédito propias y de terceros, incluidos funcionarios y allegados del área de Comunicación del gobierno.

La fiscalía también ha avanzado en sus pesquisas hacia plataformas virtuales de criptomonedas donde Adorni mantenía cuentas activas, específicamente Binance y Lemon Cash. Asimismo, han declarado testigos comprometedores, entre ellos el contratista Matías Tabas, quien realizó trabajos de refacción en la casa de Adorni ubicada en Indio Cuá. Los investigadores sostienen que existe un patrón claro: desde su llegada a la función pública, Adorni habría comenzado a llevar un estilo de vida que contrasta significativamente con su situación económica previa al cargo. Este cambio abrupto es lo que ha despertado las sospechas de la Justicia y lo que el exfuncionario deberá explicar en detalle.

Frente a los medios de comunicación, Adorni ha sostenido que su patrimonio procede de tres fuentes: ahorros acumulados en efectivo durante años anteriores a su ingreso a la administración pública, ganancias derivadas de inversiones en Bitcoin desde 2012, y herencias familiares. Sin embargo, ante el juez Ariel Lijo, responsable de la causa, tendrá que respaldar cada afirmación con documentación y pruebas concretas. Si sus explicaciones no satisfacen al fiscal Pollicita, el siguiente paso será solicitar su indagatoria, es decir, una declaración formal ante la Justicia en calidad de imputado, momento en el cual cualquier información que proporcione podrá ser utilizada en su contra.

La causa ha acumulado prueba abundante en estos meses de investigación, y el informe de la DAFI se perfila como la pieza que podría acelerar los tiempos procesales. La Justicia busca determinar si existe un enriquecimiento ilícito o si, como asegura Adorni, todo tiene una explicación razonable. Lo cierto es que las próximas semanas serán determinantes para el futuro del exjefe de Gabinete, quien pasará de comparecer como testigo a enfrentar potencialmente la acusación formal de la fiscalía.