Basualdo denuncia persecución sistemática contra autoridades disidentes en Formosa
El intendente de Las Lomitas acusa vigilancia coordinada entre policía y justicia provincial contra voces críticas del gobierno. Relata seguimientos, fotografías de su domicilio y controles arbitrarios en rutas.
Las instituciones formoseñas atraviesan una crisis profunda de credibilidad y funcionamiento. El intendente de Las Lomitas, Pablo Basualdo, volvió a exponer públicamente un patrón sistemático de acoso que padece desde hace tiempo, acusando directamente a la Policía Provincial y a funcionarios judiciales locales de coordinar una estrategia de intimidación contra quienes se atreven a cuestionar las decisiones del gobierno. Las graves denuncias fueron formuladas durante una extensa entrevista en el programa radial Algo Está Pasando, transmitido por la FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO.
Según narró Basualdo, el hostigamiento policial ha trascendido cualquier límite razonable de la función pública. El jefe comunal detalló que en reiteradas ocasiones efectivos de seguridad han realizado tareas de vigilancia tanto en espacios públicos como frente a su domicilio privado. Hace pocas semanas, señaló, encontró a un comisario registrando fotografías de su casa, la de su padre y la de su hermana. "Claramente esto se convierte en una persecución y una manera de hostigar no solamente a mí como intendente, sino también a cualquier otra persona que piense distinto dentro de esta provincia", expresó con indignación el funcionario municipal.
Vigilancia sin límites en controles viales
Los abusos no se limitan al perímetro residencial. Basualdo denunció que cada vez que transita por rutas formoseñas y es detenido en puestos de control, los efectivos realizan procedimientos excesivos y anómalos. Más allá de las identificaciones convencionales, fotografían su vehículo y registran a todos los ocupantes del mismo. Estas prácticas, que el intendente califica como inteligencia ilegal, se repiten de forma sistemática y constituyen, a su juicio, un mecanismo deliberado de amedrentamiento contra su persona y contra quienquiera que lo acompañe. Este patrón de conducta se enmarca en antecedentes previos aún más graves, como el seguimiento realizado por policías formoseños cuando Basualdo visitaba territorio paraguayo.
Respecto a las respuestas brindadas por las autoridades provinciales ante estas denuncias reiteradas, el intendente fue tajante. Descalificó los argumentos esgrimidos por la cúpula policial, a los que atribuyó una redacción que provendría del Ministerio de Gobierno, específicamente del ministro González. "Son argumentos lamentables, pero hay que tomarlos de quien viene", señaló con sarcasmo Basualdo, quien subrayó que la calidad de las respuestas reflejan el deterioro generalizado de todas las instituciones provinciales. Para el jefe municipal, la Policía de Formosa ha abandonado sus funciones legítimas de seguridad para dedicarse exclusivamente a perseguir y hostigar a quienes no se alinean con la gestión de gobierno.
Decadencia institucional sin precedentes
Las críticas no quedaron confinadas al accionar policial. Basualdo amplió sus acusaciones hacia integrantes del Poder Judicial local, denunciando una coordinación entre la justicia y las fuerzas de seguridad para ahogar las voces disidentes. El intendente fue enfático al caracterizar el estado actual de las instituciones formoseñas como un cuadro de "decadencia y abandono total". Decidió visibilizar sistemáticamente estos atropellos porque considera fundamental sentar antecedentes documentados sobre el deterioro institucional que afecta a la provincia. Su objetivo es que quede constancia pública de cómo las estructuras de poder se han convertido en instrumentos de represión contra ciudadanos y autoridades que ejercen derecho a opinar diferente.
La denuncia de Basualdo representa un capítulo más en la creciente tensión política que caracteriza al interior formoseño. En un contexto donde la independencia de poderes parece cuestionada y donde los mecanismos de seguridad funcionan bajo lógicas de persecución política, la credibilidad institucional se erosiona día a día. Las autoridades provinciales aún no han ofrecido respuestas sustanciales a estas acusaciones. Mientras tanto, la situación en Las Lomitas y otras localidades del interior refleja una crisis más profunda que trasciende los conflictos políticos locales: la pregunta sobre si existen límites constitucionales al ejercicio del poder en Formosa sigue sin respuesta clara.
