Hospital de Alta Complejidad: trabajadores denuncian persecución y manejo discrecional

A menos de dos meses de la asunción de las nuevas autoridades, el Hospital de Alta Complejidad "Presidente Juan Domingo Perón" está viviendo uno de sus peores momentos de crisis interna. Lo que comenzó siendo conversaciones en voz baja entre los pasillos y las guardias se transformó en una protesta organizada y masiva que atraviesa todas las áreas de la institución. Trabajadores de Admisión, Enfermería, servicios técnicos, auxiliares y maestranza salieron a visibilizar una realidad muy diferente a la que se proyecta en los discursos oficiales: un hospital que se desmorona desde adentro mientras la propaganda institucional sigue presentando un panorama de normalidad.

Los reclamos que hoy emergen no son producto de un conflicto puntual, sino de la acumulación de frustraciones y maltratos sostenidos en el tiempo. Quienes trabajan día a día para que el hospital funcione, desde los administrativos hasta los encargados de limpieza, coinciden en un diagnóstico compartido: la gestión institucional ha perdido toda referencia ética y los criterios de trabajo se definen por afinidades políticas o personales, no por mérito o capacidad profesional. "Llegamos al límite de nuestra paciencia. Nos cansamos de guardar silencio, de cuidar cada palabra para evitar represalias, de escuchar promesas que nunca se cumplen mientras los problemas se multiplican", sintetiza el sentimiento que atraviesa a todos los sectores afectados.

Uno de los nudos más conflictivos gira en torno a la política de nombramientos y promociones. Personal con años de trayectoria en la institución acusa que los nuevos cargos directivos y designaciones no responden a criterios de eficiencia o experiencia, sino a relaciones personales con quienes toman las decisiones. Empleados que demostraron su valor en innumerables situaciones quedan al margen, mientras que candidatos sin el perfil técnico necesario avanzan en sus carreras institucionales. "¿Dónde quedó la meritocracia?", preguntan desde los sectores más afectados. Esta práctica genera un doble efecto perverso: por un lado, desmoraliza al personal competente que ve bloqueadas sus posibilidades de crecimiento; por otro, coloca en funciones de responsabilidad a personas que carecen de la preparación necesaria para ocupar esos espacios.

Pero los cuestionamientos no se agotan en los ascensos discrecionales. Los trabajadores también denuncian la falta de reconocimiento salarial para quienes acumulan años de antigüedad, un tema que genera especial indignación en contextos inflacionarios como el actual. Además, reportan casos de degradación personal que rozan lo insólito: personal de Recursos Humanos ha llegado a impedir el acceso de empleados al comedor institucional, una medida que no tiene precedentes en términos de trato laboral. Paralelamente, advierten sobre la aplicación selectiva de disciplinarias y sanciones: mientras el personal de base es monitoreado exhaustivamente por cualquier falta menor, los funcionarios pueden acumular ausencias sin que exista control alguno. Esta doble vara alimenta un clima de injusticia que permea todas las relaciones laborales dentro del establecimiento.

Ante este panorama de crisis institucional, los trabajadores dirigieron un mensaje explícito al gobernador Gildo Insfrán: exigen que audite la realidad del hospital más allá de los actos públicos y la retórica oficial. "Un hospital estatal no se sostiene con discursos bonitos ni con fotos de inauguraciones. Se sostiene con el esfuerzo diario de miles de personas que ponen el cuerpo en la atención de pacientes, que resuelven problemas con recursos limitados, que muchas veces sacrifican su propia salud mental y física para mantener en pie una institución pública", plantean desde los sectores movilizados. La demanda de transparencia es clara: si los cargos se otorgan por mérito, que se explique públicamente cuáles fueron los criterios, en qué se basaron las decisiones, qué antecedentes académicos tenían los seleccionados.

La situación en el Hospital de Alta Complejidad refleja una problemática más amplia que atraviesa al sector público provincial. La falta de institucionalización de procesos, la discrecionalidad en la asignación de recursos y cargos, y la ausencia de controles internos efectivos son males endémicos que impiden que las instituciones funcionen con la eficiencia que los ciudadanos merecen. En este caso particular, mientras la provincia sigue invirtiendo recursos en propaganda, quienes garantizan la prestación real del servicio se sienten abandonados, perseguidos y desconsiderados. La pregunta que queda flotando es si las autoridades provinciales escucharán este clamor de trabajadores que solo piden condiciones laborales dignas, trato justo y una gestión basada en criterios profesionales en lugar de en favores políticos.