Justicia estadounidense cierra la demanda por el colapso de $LIBRA
Un juzgado federal de Nueva York desestimó la demanda colectiva de inversores perjudicados por el derrumbe del token promocionado por Milei. La jueza consideró que los reclamos no cumplían requisitos legales necesarios.
La Justicia federal de Estados Unidos puso punto final a la demanda colectiva impulsada por inversores que sufrieron pérdidas con el desplome de $LIBRA, ese token que el presidente Javier Milei promocionó en las redes sociales a principios de 2025. La jueza Jennifer L. Rochon, quien preside en el Distrito Sur de Nueva York, rechazó de plano la acción legal dirigida contra Hayden Davis, Kelsier Ventures, Benjamin Chow y otros implicados en la operatoria. La decisión marca un punto de inflexión en uno de los casos más mediáticos vinculados con criptomonedas en tiempos recientes.
Los demandantes habían presentado una batería de acusaciones bastante extensa contra los involucrados. Incluían cargos de fraude, conspiración para defraudar, enriquecimiento sin causa justificada y, particularmente, violaciones de la ley RICO, ese instrumento legal que Washington utiliza para perseguir estructuras de crimen organizado. Sin embargo, la magistrada encontró problemas estructurales serios en cómo fue formulada la demanda, lo que resultó en su desestimación. La resolución no afirma que $LIBRA no haya sufrido manipulación ni descarta que existan prácticas fraudulentas, sino que los demandantes no reunieron los requisitos legales mínimos para que la acción prospere.
El rechazo de la acusación RICO fue particularmente determinante. Rochon consideró que los inversores no lograron acreditar un patrón de actividad ilícita que se extendiera durante un período suficientemente prolongado en el tiempo. Según el análisis judicial, la supuesta maniobra delictiva habría durado aproximadamente seis meses, lo que resultaría insuficiente bajo los estándares que exige esa legislación federal. Este fue uno de los pilares sobre el cual descansaba la estrategia legal de los demandantes, y su caída debilitó considerablemente el resto de los reclamos.
Lo que sorprende a los observadores es que la jueza no permitió a los demandantes volver a reformular sus argumentos para intentar subsanar esas deficiencias. Por eso la causa quedó cerrada y la demanda fue desestimada "with prejudice", en términos legales, lo que significa que no podrá volver a presentarse ante ese tribunal bajo los mismos términos. Esto no impide que los afectados apelen la sentencia ante instancias superiores, pero abre una puerta bastante estrecha para continuar por ese camino. Respecto de Hayden Davis y las empresas de Kelsier, Rochon argumentó que los cargos bajo RICO no fueron planteados adecuadamente y que la jurisdicción sobre esos demandados en Nueva York presentaba obstáculos legales.
La magistrada también rechazó específicamente la acusación de fraude contra Ben Chow. En su análisis, señaló que una de las declaraciones atribuidas a Chow durante conversaciones sobre el lanzamiento de otro token podía interpretarse tanto como actividad legítima como fraudulenta, dependiendo de la perspectiva. En ese punto, la jueza fue tajante: la búsqueda de ganancias, por sí sola, no alcanza para demostrar intención fraudulenta. Esta conclusión apunta a un vacío en la prueba que los demandantes no lograron cerrar satisfactoriamente.
Otro aspecto relevante de la sentencia atañe a Meteora, la plataforma que funcionó como puente para el lanzamiento de diversos tokens. Los inversores afectados presentaron a Meteora como una asociación sin constitución formal, pero Rochon entendió que los demandantes no probaron jurídicamente que pudiera ser enjuiciada bajo esa figura legal. La magistrada fue explícita: los reclamos no demostraron suficientemente que Meteora fuera una asociación no constituida que pudiera ser demandada conforme a la legislación de Nueva York o federal. Este rechazo cierra otro flanco de ataque que los demandantes intentaban utilizar.
Más allá del resultado específico, la resolución judicial es significativa porque se enfoca en cuestiones puramente procedimentales y técnicas. La jueza no hizo afirmaciones categóricas sobre si $LIBRA fue o no manipulado, tampoco declaró que las acusaciones de fraude fueran falsas o verdaderas. Lo que hizo fue establecer que la forma en que fueron presentados esos reclamos no cumple con los requisitos legales mínimos que demanda el sistema judicial estadounidense. Esto abre la pregunta sobre si los inversores podrían intentar una estrategia diferente, ya sea ante otros tribunales o con argumentaciones reformuladas.
Para los afectados por el derrumbe de $LIBRA, la noticia es decepcionante. Aunque técnicamente existe la posibilidad de apelar ante instancias superiores, el camino se presenta complicado. La decisión de Rochon establece un precedente en Nueva York que será difícil de revertir sin argumentos sustancialmente nuevos. Mientras tanto, el caso continúa siendo un recordatorio de los peligros que entrañan los activos digitales cuando no existe regulación adecuada y de cómo la Justicia, incluso en casos con gran repercusión mediática, se atiene a criterios técnicos estrictos antes que a consideraciones sobre el daño sufrido por los inversores.
