Michel cuestiona el Presupuesto 2027: "El Gobierno asfixia a las provincias"

El diputado nacional por Entre Ríos Guillermo Michel salió al cruce del proyecto presupuestario que el Gobierno de Milei enviará al Congreso para el 2027, con una crítica contundente sobre cómo la administración libertaria descarga gastos en las provincias mientras retiene recursos clave. A través de un extenso análisis publicado en redes sociales, Michel desmenuzó lo que califica como un esquema de "asfixia" financiera disfrazado de federalismo, donde Nación reduce transferencias históricas pero mantiene partidas sin criterios claros que funcionarían como herramientas de presión política durante un año electoral.

El núcleo de la denuncia se concentra en la Jurisdicción 91, denominada "Obligaciones a Cargo del Tesoro", que experimentaría un aumento colosal: pasaría de $5,6 billones en 2026 a $14,8 billones en 2027. Pero lo que más preocupa al legislador es el programa 99, "Otras Asistencias Financieras", que concentraría $7,7 billones sin metas físicas definidas ni criterios de distribución establecidos. Michel señala que estos recursos constituyen una "moneda de cambio" perfecta para que la Casa Rosada auxilie —o presione— a provincias con dificultades para pagar salarios o mantener servicios básicos. Se trata de plata que, en teoría, buscaría equilibrar las cuentas provinciales en situaciones de emergencia, pero sin transparencia sobre cómo se asignará.

El analista electoral entrerriano también profundizó en cómo desaparecen fondos históricos destinados a servicios provinciales. En transporte, el Fondo Compensador para el Interior —que en 2023 ayudaba a sostener 14.000 colectivos con $102.000 millones— fue eliminado en febrero de 2024 y no tiene asignación para 2027. Mientras tanto, el sistema de transporte del AMBA continúa recibiendo $762.000 millones del Tesoro nacional. La comparación resulta elocuente: el interior del país pierde su red de transporte público mientras que Buenos Aires mantiene financiamiento privilegiado. La educación sufre un destino similar: el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que alcanzaba los $333.000 millones en 2023, quedó sin fondos desde 2024 y tampoco figura en las proyecciones para 2027, dejando apenas $14.290 millones como única partida destinada a compensar salarios de maestros.

Michel enumera una larga lista de transferencias de responsabilidades que agravian el cuadro: 457 obras entregadas a provincias y municipios sin recursos para ejecutarlas, la cesión por 20 años de rutas nacionales con obligaciones de mantenimiento que antes asumía la Nación, la disolución del ENOHSA, la eliminación del Procrear y del Fondo de Vivienda Social. La función Vivienda apenas contaría con $26.000 millones, equivalente al 0,01% del gasto total presupuestario. Es un cuadro sistemático donde el Gobierno centraliza decisiones pero descentraliza gastos, logrando así que los gobernadores gobiernen con las manos atadas presupuestariamente mientras dependen de los auxilios discrecionales que maneja Nación.

Otro aspecto relevante que Michel destaca tiene que ver con los ingresos tributarios que el Gobierno proyecta aumentar significativamente: Combustibles (+59,3%), Derechos de Exportación (+41,3%) e Importación (+39,2%). Sin embargo, las provincias no participan equitativamente de esos recursos. Los derechos de exportación e importación no forman parte de la masa coparticipable, mientras que en combustibles la proporción que reciben las provincias es limitada. Paralelamente, Michel advierte que las transferencias de capital a las provincias caerán 20% en términos reales durante 2027, completando así un círculo vicioso donde Nación recauda más, transfiere menos y mantiene discrecionalidad absoluta sobre fondos de emergencia. El mensaje es claro: en un año electoral, quien controla esa caja controla también a los gobernadores necesitados de recursos para mantener servicios públicos básicos.