Milei anuncia un "apagón estatal" si se agota el presupuesto

El presidente Javier Milei anticipó durante una entrevista que su administración está elaborando un ambicioso proyecto para establecer un mecanismo de "apagón del Estado" cuando se agoten los fondos autorizados por presupuesto. La iniciativa tomaría como modelo el sistema estadounidense de government shutdown, buscando así implementar una restricción fiscal más rigurosa que impida que el gasto público supere las partidas disponibles. Según explicó el mandatario, se trata de una medida vinculada a una estrategia más amplia de reforma institucional que incluye cambios profundos en el funcionamiento del Banco Central.

"Cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado", expresó Milei durante el diálogo. El presidente confirmó que esta iniciativa será impulsada mediante una ley específica, demostrando así la intención de convertir esta propuesta en una norma permanente del sistema de administración pública argentino. La medida forma parte de un paquete de reformas más extenso que el Gobierno está elaborando, orientado a fortalecer las reglas fiscales y limitar la discrecionalidad en el manejo de las finanzas públicas.

En los Estados Unidos, el shutdown es un fenómeno que ocurre cuando el Congreso no aprueba a tiempo las leyes de financiamiento o cuando vence una autorización transitoria de fondos. Ante esta situación, las agencias federales que no cuentan con presupuesto deben paralizarse, excepto en las áreas consideradas esenciales para la seguridad y el funcionamiento crítico del país. El caso más emblemático sucedió durante la primera administración de Donald Trump, entre finales de 2018 e inicios de 2019, cuando un desacuerdo sobre el financiamiento del muro con México generó un cierre de 35 días que afectó a aproximadamente 800.000 empleados federales. Aquella parálisis ocasionó pérdidas por casi 18 mil millones de dólares en gasto federal y redujo la actividad económica en 11 mil millones, dejando una merma permanente de tres mil millones de dólares.

Más recientemente, entre octubre y noviembre de 2025, Estados Unidos experimentó el shutdown más prolongado de su historia, extendiendo la paralización por 43 días. Durante ese período, cientos de miles de empleados del gobierno federal dejaron de recibir salarios, se generaron demoras significativas en vuelos, se interrumpieron programas de asistencia alimentaria y múltiples servicios públicos quedaron parcialmente paralizados. Incluso en 2026 hubo un nuevo cierre, aunque de corta duración —apenas cuatro días—, que fue resuelto rápidamente con la sanción de una nueva ley de financiamiento.

En Argentina, la implementación de un mecanismo similar enfrentaría desafíos institucionales particulares, ya que el marco legal actual no contempla un apagón automático del aparato estatal en caso de que no se apruebe el Presupuesto Nacional. La Ley de Administración Financiera establece protocolos específicos cuando al inicio del ejercicio fiscal no existe una ley presupuestaria sancionada, pero no prevé un sistema de paralización de actividades no esenciales. Por eso, cualquier iniciativa en este sentido requeriría de una legislación completamente nueva que defina claramente cuáles son las funciones esenciales del Estado que continuarían operando, cuáles se paralizarían y bajo qué condiciones se restablecería la normalidad. La propuesta de Milei se inscribe en una lógica más amplia de restricción del gasto público y busca generar incentivos para que el Parlamento apruebe presupuestos equilibrados y sustentables.

Las declaraciones del mandatario también aparecieron en el contexto de un debate más extenso sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Milei cuestionó severamente el esquema actual de la institución, tildándolo de "insulto al intelecto" por mantener múltiples objetivos de política económica. El presidente adelantó que buscaría prohibir explícitamente, con penas de carácter penal, que la autoridad monetaria financie al fisco nacional. Según su argumentación, permitir que el Banco Central emita dinero para cubrir el gasto público constituiría una "estafa" equiparable a la falsificación de moneda, delitos que ya están contemplados en el Código Penal vigente.