Adorni seguirá bajo protección estatal durante un año por amenazas recibidas
El vocero presidencial confirmó que el exjefe de Gabinete mantiene custodia de seguridad tras presentar denuncias ante la justicia. El Gobierno descartó investigaciones internas sobre su gestión.
La administración nacional ratificó este martes que Manuel Adorni, quien hasta hace poco ocupaba el cargo de jefe de Gabinete, continuará contando con protección policial para él y su núcleo familiar. El anuncio lo realizó Adrián Ravier, funcionario a cargo de las comunicaciones presidenciales, durante su habitual conferencia de prensa matutina en Casa Rosada. La decisión surge luego de que el exfuncionario presentara un pedido formal ante organismos judiciales solicitando mantener esta cobertura de seguridad.
De acuerdo con información a la que accedió Ámbito, Adorni justificó su solicitud en los constantes hostigamientos y amenazas que ha estado recibiendo en los últimos tiempos. Ante esta situación, la cartera de Seguridad Nacional evaluó positivamente el reclamo y resolvió otorgarle custodia especializada que, en principio, tendrá validez por doce meses. Cuando se le consultó al vocero sobre el estado de esta medida, Ravier fue directo: "Se mantiene". La respuesta confirmó así que la protección continúa vigente sin cambios en su alcance.
Lo que resultó particularmente relevante de la conferencia fue el giro que el portavoz efectuó respecto a investigaciones internas. Una semana atrás, Ravier había insinuado la existencia de un proceso de auditoría administrativa en marcha que examinaría la conducta de Adorni durante su gestión. Sin embargo, en esta ocasión rectificó esa posición de manera explícita. "El tema está claramente en la justicia", enfatizó, descartando categóricamente que desde la Casa Rosada se lleve adelante algún tipo de investigación paralela. Agregó además que no existe "un mecanismo aparte" en las oficinas presidenciales que replique o complemente lo que ya están realizando los tribunales competentes.
Este cambio de discurso revela cierta tensión en torno al manejo del caso y la manera en que el Gobierno comunica sus acciones respecto al exfuncionario. La insistencia del vocero en señalar que los asuntos vinculados a Adorni son exclusiva responsabilidad del poder judicial sugiere un deseo de distanciamiento institucional. De esta forma, la administración busca eludir cualquier imputación de estar llevando adelante persecuciones políticas o ajustes de cuentas internos, trasladando toda responsabilidad investigativa hacia los órganos competentes.
La continuidad de la custodia estatal resulta inusual en el contexto político argentino contemporáneo. Aunque exfuncionarios pueden recibir protección en determinadas circunstancias, que se otorgue por un año completo a alguien que acaba de dejar un cargo de relevancia subraya la gravedad que el Estado le adjudica a las amenazas denunciadas. Sin embargo, la falta de detalles públicos sobre la naturaleza de estos hostigamientos mantiene la situación en la penumbra mediática, lo que alimenta especulaciones sobre las motivaciones reales detrás de la medida. Lo cierto es que Adorni permanecerá bajo protección policial mientras continúan en los tribunales los procedimientos relacionados con su figura.
