Apelación contra exclusión: denuncian fraude planificado en caso $LIBRA

La batalla legal por el caso $LIBRA tiene un nuevo capítulo. Martín Romeo, uno de los inversores afectados, presentó un memorial contundente ante la Cámara Federal cuestionando la decisión del juez Marcelo Martínez De Giorgi que lo expulsó como querellante del expediente. A través de su abogado Nicolás Oszust, Romeo rechaza punto por punto los argumentos que justificaron su apartamiento y reitera que nos encontramos frente a una maniobra criminal deliberadamente orquestada para despojar a los inversores de sus fondos.

El núcleo de la acusación es claro: Romeo sostiene que lo sucedido con $LIBRA no puede reducirse a los riesgos inherentes de una moneda especulativa ni a las fluctuaciones naturales del mercado cripto. Según el memorial, se trató de un plan meticulosamente diseñado que incluyó la construcción de una "apariencia de legitimidad empresarial" aprovechando la figura presidencial como generador de confianza para atraer inversiones. El querellante es categórico: el colapso de la criptomoneda fue un "Rug Pull pre-programado", es decir, un esquema donde los promotores cierran operaciones repentinamente para desaparecer con el dinero de los participantes.

Un aspecto que genera especial indignación en el planteo de Romeo es la acusación de que los imputados aprovecharon información privilegiada. Según el memorial, apenas 22 segundos antes de que se publicara el tuit presidencial que mencionaba $LIBRA, se registraron compras masivas ejecutadas desde billeteras controladas por los acusados. Esta coordinación temporal sugeriría que conocían de antemano el movimiento del mercado que generaría ese anuncio oficial. El escrito subraya que este tipo de operatoria constituiría un delito de uso de información privilegiada agravado por la magnitud del fraude perpetrado.

Romeo también enfrenta directamente los argumentos del juez que fundamentaron su exclusión. Rechaza categóricamente que su presentación se haya basado únicamente en enlaces de internet para comprobar la titularidad de sus activos virtuales. El querellante asegura haber aportado actas notariales que certifican fehacientemente la titularidad de sus billeteras y el registro de sus operaciones con la criptomoneda. En su perspectiva, negar la legitimación apelando a la falta de documentación constituye un desconocimiento deliberado de la prueba ya incorporada al expediente. Además, cuestiona como "una aberración procesal" la exigencia de documentar el origen de los fondos para reconocer la calidad de víctima, ya que esto invertiría la carga probatoria y victimizaría doblemente a los damnificados.

El argumento más fuerte de Romeo apunta a una inconsistencia procesal superior. Recuerda que la propia Cámara Federal ya había reconocido anteriormente la legitimación de las querellas en una decisión previa. Según su postura, no ha surgido ninguna evidencia nueva que desvirtúe su condición de damnificado. Por el contrario, sostiene que los informes de la UFECI (Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen) y de la PFA han corroborado la trazabilidad del vaciamiento de fondos. Esta línea argumentativa busca demostrar que la decisión del juez contradice resoluciones anteriores de la misma Cámara y carece de fundamento factico novedoso.

Anticipándose al desarrollo del proceso, Romeo ya se presentó por escrito ante el tribunal antes de la audiencia prevista para el 10 de agosto próximo. El querellante no solo apela la decisión actual sino que adelanta su intención de recurrir a la Corte Suprema si la Cámara mantiene el apartamiento. En su presentación califica la resolución impugnada como "nula y arbitraria" por vulnerar derechos fundamentales como el acceso a la justicia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Con esta estrategia, Romeo intenta abrir todas las instancias disponibles para mantener su participación en una causa que considera crítica para esclarecer uno de los mayores fraudes en criptomonedas registrados en el país.