Clorinda: cruces en el Concejo por sobreprecios y falta de transparencia
Una sesión tumultuosa en el Concejo Deliberante dejó al descubierto tensiones entre oficialismo y oposición sobre gasto público sin justificación y ocultamiento de información.
La sesión de ayer en el Concejo Deliberante de Clorinda fue sinónimo de confrontación política y cuestionamientos sobre la gestión de fondos públicos. El oficialismo, apoyándose en su mayoría parlamentaria, logró archivar varios pedidos de informes clave y aprobar una nueva moratoria tributaria que generó fuertes resistencias desde la bancada opositora. Los cruces verbales y las acusaciones de falta de transparencia marcaron una jornada en la que quedaron evidentes las profundas diferencias entre la conducción municipal y quienes reclaman por la rendición de cuentas.
Uno de los momentos más controvertidos ocurrió durante el debate sobre la extensión de plazos para la renovación de licencias de conducir. En un giro inesperado, el concejal Mendoza, integrante del bloque Unidad y Compromiso Formoseño que actualmente respalda al oficialismo, decidió votar en contra de su propia propuesta, permitiendo que el expediente fuera inmediatamente enviado al archivo sin mayores discusiones. La maniobra sorprendió a los presentes y reflejó las dinámicas internas de la coalición gobernante.
El conflicto escaló significativamente cuando la oposición presentó el Expediente 40-C-2026, un pedido de informes detallado sobre la compra y distribución de útiles escolares realizadas por la administración municipal. El punto crítico radica en que el oficialismo archivó la solicitud sin proporcionar la documentación respaldaría obligatoria: no se presentaron facturas, remitos, órdenes de compra ni datos sobre los proveedores involucrados. Desde la bancada opositora denunciaron que «ganó nuevamente la opacidad», ya que tanto el Intendente como la Presidenta del Concejo se negaron sistemáticamente a entregar información que por ley debe ser pública y accesible para el escrutinio legislativo.
Lo que más encendió los ánimos fue el cuestionamiento sobre los sobreprecios. La Presidenta del Concejo justificó el pago de $68.600 por mochilas escolares, cifra que según relevamientos de la oposición duplica ampliamente los valores que cotizan en el mercado local, donde esos mismos artículos oscilan entre $26.000 y $30.000. Aún más provocativa fue la explicación ofrecida para no revelar la identidad del proveedor: se argumentó que era necesario «cuidarlo». Semejante afirmación generó indignación en los opositores, quienes señalaron que no existe justificación legal ni ética para ocultar datos de transacciones que involucran dinero de los clorindenses.
Además de los conflictos sobre adquisiciones, la sesión incluyó debates sobre otras iniciativas polémicas. Se rechazó la propuesta para regular gastos publicitarios discrecionales destinados a difundir funciones institucionales del Concejo, ya que la oposición argumentó que el municipio ya dispone de canales de comunicación suficientes: página web oficial, estructura de radio municipal con decenas de comunicadores en planta. También se aprobó una nueva moratoria tributaria apenas seis meses después de la anterior, decisión que fue catalogada como «inequitativa» e «irresponsable» hacia los contribuyentes que mantienen sus obligaciones al día.
La jornada parlamentaria ratificó una realidad que caracteriza al ejecutivo clorindense: una gestión donde la opacidad prevalece sobre la transparencia y donde la mayoría numérica sirve más para silenciar críticas que para avanzar en soluciones genuinas. La oposición insiste en que el acceso a la información pública es un derecho fundamental que debe garantizarse, especialmente cuando se trata de recursos que pertenecen a la comunidad. Los próximos movimientos legislativos dirán si estos conflictos se profundizan o si hay espacio para consensos.
