Córdoba lanza plan tributario agresivo para atraer inversiones industriales
El gobernador Martín Llaryora enviará un proyecto que elimina el Impuesto sobre Ingresos Brutos para pymes hasta $4.500 millones, buscando posicionar la provincia como polo de desarrollo productivo.
Córdoba se propone romper el juego de las trabas fiscales tradicionales. El gobernador Martín Llaryora prepara una ofensiva legislativa ambiciosa: eliminar el Impuesto sobre Ingresos Brutos para las pequeñas y medianas empresas que facturen hasta $4.500 millones anuales. La iniciativa se presenta como un giro radical en la política tributaria provincial, buscando convertir a Córdoba en destino obligado para emprendedores que deseen expandir sus operaciones con menor carga impositiva.
La nueva Ley de Promoción Industrial Unificada concentra en un solo marco normativo todos los beneficios que hasta ahora estaban dispersos en diferentes normas. El proyecto crea dos caminos de acceso según el tamaño de cada firma. El denominado Régimen Simplificado apunta precisamente a esas pymes, elevando el umbral de elegibilidad desde los $3.200 millones actuales hasta los $4.500 millones. Para acceder, las empresas deberán invertir en activos fijos una cifra equivalente al 1,20% de su base imponible del ejercicio anterior. A cambio, obtendrán la exención anual del gravamen sobre ingresos brutos, el que históricamente ha sido blanco de críticas del empresariado nacional por considerarlo distorsivo y trasladable al precio final de los productos.
La simplificación administrativa es otra pata del plan. Llaryora enfatizó durante el acto del Día de la Industria que "hay que defender la industria, y en Córdoba la defendemos con hechos". El gobierno provincial promete reducir dramáticamente los trámites burocráticos mediante un sistema automático de aprobación de beneficios, permitiendo que las firmas accedan a estas ventajas en plazos mucho menores y con exigencias administrativas sustancialmente menores a las vigentes. Esto es especialmente relevante considerando que la burocracia suele ser un desincentivo importante para la inversión en provincias.
Para inversiones de mayor envergadura, el proyecto establece un Régimen General que ofrece condiciones aún más atractivas. Estos proyectos de impacto significativo accederían a diez años de exención total en tres impuestos simultáneamente: Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario. Además, durante el primer año funcionaría un subsidio directo equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil por cada trabajador nuevo que la empresa incorpore. Los incentivos se potencian aún más para iniciativas consideradas estratégicas ubicadas en zonas del Noroeste y Sur provincial, así como en parques industriales declarados, donde la exención fiscal se extiende a quince años. De esta manera, Córdoba pretende no solo retener empresas, sino atraer proyectos que generen empleo formal significativo en diferentes regiones.
Este proyecto no surge del vacío. Córdoba mantiene desde 1942 una tradición de fomento industrial que la ha posicionado históricamente como potencia manufacturera del país. Llaryora subraya que "el Estado tiene que acompañar a quienes arriesgan, invierten y generan trabajo, facilitando su crecimiento y no poniéndoles obstáculos". La iniciativa fue elaborada en conjunto con el sector industrial, lo que le otorga legitimidad y garantiza que responde a demandas reales del empresariado. El objetivo central es acompañar la modernización tecnológica de las empresas, fortalecer los parques industriales existentes y multiplicar la creación de empleo privado formal en toda la geografía provincial.
En el contexto económico actual, donde la inversión privada requiere incentivos concretos y la competencia entre provincias por atraer capitales se intensifica, esta movida cordobesa representa una apuesta clara. Con menos burocracia, impuestos reducidos y beneficios extendidos hasta quince años según el proyecto, la provincia busca diferenciarse. El proyecto se encamina hacia la legislatura en los próximos días, donde deberá sortear el debate parlamentario, pero las señales políticas sugieren un consenso mayoritario para su aprobación.
