Defensorías reclaman tarifas eléctricas diferenciadas para el Norte Grande
ADPRA pidió al gobierno que implemente un esquema tarifario especial para zonas cálidas, donde el consumo de energía se dispara por las altas temperaturas. Cuestionan el rechazo de diputados formoseños.
La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) intensificó su reclamo ante la Secretaría de Energía Nacional para que se establezca un régimen tarifario diferenciado en las provincias del Norte Grande. La medida busca reconocer la realidad climática de estas regiones, donde durante los meses de mayor calor la demanda energética en los hogares se multiplica de manera exponencial. Desde las Defensorías del Pueblo sostienen que esta situación no es una cuestión menor ni puede seguir ignorándose en los esquemas de fijación de precios de la electricidad.
El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, cuestionó duramente la postura de los diputados nacionales formoseños que rechazaron el tratamiento legislativo de esta propuesta. Entre ellos señaló a Atilio Basualdo y Gerardo González, junto con legisladores vinculados a La Libertad Avanza y el PRO que se alinearon con el rechazo. Según Gialluca, estos representantes perdieron la oportunidad de defender los intereses de miles de usuarios residenciales de la región que sufren aumentos desproporcionados en sus boletas durante el verano. Ante esta realidad, desde ADPRA anunciaron que explorarán alternativas para continuar impulsando el reclamo, sin descartar acciones en otros espacios institucionales.
El debate sobre los subsidios regionales
Uno de los puntos más delicados del reclamo está vinculado al temor de que la tarifa diferenciada para zonas cálidas termine financiándose a costa de reducir los subsidios que actualmente reciben las regiones frías del país. ADPRA fue categórica en su posición: ambas necesidades son legítimas pero completamente distintas y no deberían competir entre sí. Mientras que en el sur del país la demanda energética se concentra en calefacción durante el invierno, en el norte la presión sobre el sistema eléctrico llega al máximo cuando suben las temperaturas y crece el uso de aire acondicionado. La entidad consideró que desfinanciar un beneficio para otorgar otro constituiría un retroceso inaceptable en materia de derechos de los usuarios.
Las Defensorías también advierten sobre los riesgos de que una medida de este tipo se implemente únicamente mediante una resolución administrativa. Un esquema así quedaría completamente expuesto a futuras modificaciones según los cambios de gestión o las prioridades políticas de turno. Por eso ADPRA insistió en la necesidad de que el régimen sea sancionado por ley, con carácter permanente y basado en criterios técnicos rigurosos de zonificación bioclimática. Solo de esta manera, argumentan, se podría garantizar estabilidad y proteger a los usuarios de decisiones caprichosas o acuerdos políticos circunstanciales.
El impacto devastador de los aumentos tarifarios
El reclamo cobra mayor urgencia si se analiza el contexto de crisis en servicios públicos que atraviesa el país. Entre diciembre de 2023 y julio de 2026, la canasta de servicios públicos en las principales ciudades acumuló un aumento del 966%, muy por encima del 241% que registró la inflación general. Los números son aún más preocupantes cuando se observan sectores específicos: el gas llegó a aumentar un 2.185% en ese período. Actualmente, los servicios públicos representan alrededor del 15% del salario promedio de los trabajadores registrados, una cifra que resulta insostenible para la mayoría de los hogares.
Para las familias de menores ingresos, la situación adquiere caracteres de verdadera emergencia. Según datos de ADPRA, el gasto en energía consume entre el 10% y más de los ingresos familiares en muchos casos, un umbral que los especialistas asocian directamente con situaciones de pobreza energética. En la práctica, esto significa que miles de formoseños deben elegir entre mantener sus hogares climatizados durante los meses de calor sofocante o destinar esos recursos a alimentos y medicinas. Las Defensorías reclamaron que se entienda que los aumentos de las boletas compiten directamente con necesidades básicas de sobrevivencia de las familias vulnerables.
En este contexto crítico, ADPRA presentó un petitorio formal que incluye: la sanción de una ley que establezca tarifas diferenciadas para zonas cálidas y muy cálidas con base en criterios técnicos bioclimáticos objetivos; que cualquier modificación a subsidios existentes sea debatida legislativamente con evaluación previa de impacto; y que se respeten los derechos adquiridos de los usuarios. Gialluca fue claro al señalar que los habitantes del Norte Grande no pueden seguir siendo rehenes de decisiones administrativas o negociaciones políticas de corto plazo. El reclamo ahora está en manos del Congreso, donde corresponde que diputados y senadores nacionales tomen una postura definitiva sobre este tema que afecta la calidad de vida de millones de argentinos.
