Economía se aparta del Tribunal de Tasaciones en las privatizaciones estatales
El Ministerio desplazó al organismo tradicional y creó una nueva unidad en el BICE para valuar empresas como AySA y Nucleoeléctrica, lo que generó polémica y pedidos de informes en el Congreso.
El Gobierno nacional enfrenta crecientes cuestionamientos sobre la metodología utilizada para determinar el valor de las empresas estatales que pretende privatizar. La decisión de apartar al Tribunal de Tasación de la Nación del proceso ha generado una ola de críticas desde distintos sectores, investigaciones periodísticas y hasta intervenciones judiciales que reclaman explicaciones al ministro de Economía, Luis Caputo. La maniobra administrativa, que derivó en la creación de una unidad especial de valuaciones dentro del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), ha puesto en tela de juicio la transparencia de un proceso que muchos consideran fundamental para los intereses nacionales.
Según lo que trascendió, la administración Milei decidió que sería el BICE, y no el histórico Tribunal de Tasación, quien establecería los precios de compañías como AySA, Intercargo y la Nucleoeléctrica Argentina. Esta decisión, que fue revelada por medios de comunicación especializados, desató una cascada de consecuencias: solicitudes de información en comisiones parlamentarias, investigaciones judiciales y un debate público sobre qué tan representativos son realmente los valores asignados a estos activos estatales. El malestar trasciende las paredes del Congreso y se filtra en diversos espacios de la política nacional, donde se cuestiona si las tasaciones reflejan el verdadero valor de estas empresas o si responden a otros intereses.
Las justificaciones técnicas del Ministerio
Desde el Ministerio de Economía se esgrimió un argumento técnico para justificar el desplazamiento: el Tribunal de Tasación carecería de las herramientas especializadas necesarias para valuar empresas cuyos ingresos futuros resultan fundamentales en la determinación de su precio. Julio Villamonte, titular del organismo, confirmó que efectivamente su institución se excluyó del proceso tras analizar la normativa vigente. Explicó que la ley que regula al Tribunal fue concebida originalmente para resolver expropiaciones, no para privatizaciones, y que su metodología se basa en el método patrimonial, es decir, en lo que las empresas fueron históricamente, no en lo que podrían llegar a ser.
Villamonte precisó que la normativa del Tribunal contiene una restricción expresa: no se pueden considerar beneficios futuros al momento de efectuar tasaciones en casos de expropiación. Esta limitación legal, originada en los precedentes de los años noventa cuando se expropiaron Aerolíneas Argentinas y YPF, genera un conflicto conceptual cuando se intenta aplicar a un contexto de privatizaciones. En las ventas de empresas estatales, resulta casi imposible no considerar los flujos de caja proyectados y el potencial de generación de ganancias, elementos que la metodología tradicional del Tribunal deliberadamente excluye. Por eso, la administración nacional optó por crear una alternativa dentro del BICE, institución que aparentemente posee mayor flexibilidad regulatoria para incorporar esos factores en sus análisis de valuación.
Sin embargo, esta solución administrativa ha generado más interrogantes que respuestas. ¿Qué garantías de independencia tiene un organismo que depende también del Ministerio de Economía? ¿Cómo se asegura que los precios fijados no favorecen a determinados oferentes? ¿Existe supervisión externa suficiente sobre los criterios utilizados? Estas preguntas circulan en pasillos parlamentarios y juzgados, donde distintos actores políticos y judiciales reclaman mayor transparencia. La Cámara de Diputados ya solicitó informes detallados sobre el procedimiento, mientras que magistrados han requerido documentación específica al titular de la cartera económica.
El panorama se complica aún más considerando que la intención original del Gobierno era privatizar unas cuarenta empresas estatales según la Ley Bases, pero el Congreso redujo ese listado a aproximadamente ocho entidades. Empresas tan sensibles como AySA (proveedora de agua en la región metropolitana), la Nucleoeléctrica y otras de importancia estratégica quedan sujetas a este nuevo sistema de valuación que genera desconfianza. Si bien la administración sostiene que cuenta con criterios técnicos rigurosos, la falta de transparencia total y la ausencia de organismos externos especializados supervisando el proceso alimentan sospechas sobre si los precios reflejan genuinamente el valor de mercado o si responden a otras consideraciones políticas o comerciales. La polémica seguirá siendo tema de debate mientras avance el calendario de privatizaciones.
