El Gobierno avanza con reformas empresariales sin esperar al Congreso
La IGJ implementó cambios clave para simplificar la creación de empresas, permitiendo domicilios virtuales y actividades diversas. Sturzenegger acelera su agenda desreguladora mientras presiona al Senado.
Sin esperar a que el Senado sancione la reforma integral que propuso hace meses, el Ejecutivo decidió adelantarse. Esta semana salió a la luz una resolución de la Inspección General de Justicia que pone en marcha de facto varios de los puntos que el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger había planteado para modernizar la Ley de Sociedades. La movida refleja la impaciencia del Gobierno ante los tiempos parlamentarios y su apuesta por avanzar en desregulación por todas las vías disponibles.
La Resolución General 11/2026 trae cambios concretos que van a impactar directamente en quien quiera emprender. Desaparece el trámite de precalificación profesional obligatoria para constituir una sociedad, lo que significa menos papeleo y menos dinero de bolsillo. Además, ahora se pueden establecer domicilios electrónicos para las empresas y, dato importante, una compañía puede dedicarse a múltiples actividades sin que necesariamente estén conectadas entre sí, siempre que sean legales. Para las Sociedades Anónimas Simples, incluso se vuelve a permitir poner como objeto "cualquier actividad lícita", lo que abre el espectro enormemente.
Según Florencia Galante, directora de GEM en TMF Group, el impacto es sustancial. La eliminación del dictamen previo es un salto importante porque reduce costos y tiempos para quienes quieren crear una empresa. Pero lo más relevante es que la resolución da mucha más flexibilidad al objeto social de las compañías. Antes, demostrar que las actividades de una empresa tenían conexidad o eran complementarias era un dolor de cabeza. Ahora no. La lógica es clara: menos control preventivo del Estado, más libertad para los particulares a la hora de definir cómo montan su negocio.
Otro detalle que genera ruido es que la resolución también permite integrar capital a través de criptoactivos. Esto abre la puerta a una modalidad de financiamiento que hasta ahora no estaba contemplada en la normativa sobre constitución de sociedades. Galante remarcó que tanto esta resolución como el proyecto de ley que el Gobierno mandó al Senado en junio persiguen un objetivo común: reducir el control estatal y ampliar la libertad de acción de los emprendedores. En la práctica, la IGJ está adelantando los efectos de una reforma legislativa que aún no se aprobó, materializando cambios sin tener que esperar a que el Congreso termine sus debates.
Lo que está claro es que Sturzenegger no está dispuesto a perder tiempo. Durante este año ya ha generado varios conflictos por su afán desregulador: desde cambios cuestionables en leyes laborales hasta iniciativas que generaron fricciones políticas. El Ejecutivo incluso creó una Mesa Política para filtrar propuestas que debían pasar por el Congreso antes de salir a la luz pública. Aun así, el ministro sigue buscando espacios para avanzar, y esta resolución de la IGJ es un movimiento estratégico: mientras presiona al Senado para que apruebe la reforma completa, implementa lo que puede por vía administrativa. Es una táctica que muestra tanto urgencia como determinación de plasmar la agenda de desregulación, con o sin consenso legislativo.
