Galmarini presenta proyecto para salvar el Estatuto del Periodista
Un diputado nacional impulsa una iniciativa para evitar la eliminación de derechos laborales de los comunicadores prevista para 2027 y abre el juego a una actualización del marco regulatorio.
La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional contempla la desaparición de protecciones especiales para los periodistas a partir de 2027, un cambio que genera resistencia en el sector. Ante esto, el diputado nacional Sebastián Galmarini presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que busca frenar esa decisión y mantener vigentes los derechos conquistados por la profesión durante décadas. La propuesta no solo busca preservar el actual Estatuto del Periodista Profesional, sino también abrir un proceso de actualización que contemple los cambios tecnológicos y las transformaciones que atravesó la industria de medios en los últimos años.
Según los términos de la Ley de Modernización Laboral Nº 27.802, a partir de 2027 desaparecerían los regímenes especiales que rigen tanto para periodistas como para empleados administrativos de empresas de prensa y agencias de noticias. Esto significaría la eliminación de disposiciones que protegen a estos trabajadores desde hace décadas. El proyecto de Galmarini va directamente contra esa medida, proponiendo la derogación de los artículos que prevén esa supresión. De esta manera, busca mantener en pie un conjunto de derechos fundamentales que caracterizan a la actividad periodística como una profesión con particularidades laborales distintas a otras.
El Estatuto del Periodista Profesional reconoce una serie de conquistas que los comunicadores consideran esenciales para el ejercicio de su labor. Entre ellas figuran la jornada laboral de 36 horas semanales, un régimen indemnizatorio específico que reconoce las particularidades de la profesión, y la cláusula de conciencia, que permite a los periodistas negarse a trabajar en contenidos que entren en conflicto con sus principios éticos. Estas disposiciones se originaron en un contexto muy diferente al actual, pero siguen siendo herramientas de protección fundamentales para quienes trabajan en medios de comunicación tradicionales y digitales.
Reconociendo que la normativa tiene varias décadas y que el mundo cambió radicalmente, el proyecto de Galmarini no cierra las puertas a una modernización. Por el contrario, contempla la creación de una Mesa de Actualización que tendría 180 días para elaborar un nuevo marco regulatorio. Esta instancia estaría integrada por sindicalistas, empresarios de medios, representantes de plataformas digitales, académicos de universidades y legisladores, garantizando así una discusión amplia y multisectorial. El objetivo es que ese nuevo régimen contemple realidades que no existían cuando se redactó el estatuto actual: el teletrabajo masivo, la digitalización de la información, las nuevas plataformas de distribución de contenidos y el impacto de la inteligencia artificial en la producción de noticias.
La estrategia presentada por el diputado nacional plantea entonces una solución en dos etapas que busca proteger tanto a los trabajadores como el espacio para la evolución de la normativa. Primero, se restituyen y mantienen vigentes los estatutos laborales, evitando que desaparezcan en 2027. Luego, se abre un debate ordenado y participativo para construir un régimen actualizado que responda a los desafíos actuales del periodismo. "Restituir los estatutos del periodismo no es conservadurismo: es proteger el piso de derechos de quienes tienen a su cargo la tarea de informar a la sociedad, mientras se construye el debate necesario para su actualización", fue lo que expresó Galmarini al fundamentar su iniciativa.
La iniciativa se inscribe en una discusión más amplia sobre cómo equilibrar la modernización de la legislación laboral con la protección de sectores específicos que justifican regímenes especiales. En el caso de la prensa, la defensa de estos derechos está vinculada directamente a la independencia editorial y la capacidad de los medios de cumplir su rol informativo sin presiones económicas excesivas. Con esta propuesta, se busca que los comunicadores puedan seguir ejerciendo su profesión bajo un marco de protección actualizado, relevante para la realidad contemporánea de la industria de medios en Argentina.
