La Armada destituye a militares involucrados en millonario fraude de sueldos
El Jefe del Estado Mayor General apartó de funciones a diez oficiales implicados en un esquema de corrupción que movió casi mil millones de pesos mediante 645 transferencias fraudulentas.
La cúpula de la Armada Argentina tomó decisiones drásticas esta semana para intentar contener una de las mayores crisis de corrupción detectadas en la institución de los últimos años. El almirante Juan Carlos Romay, máxima autoridad de la fuerza, dispuso separar de sus funciones a los diez efectivos militares involucrados en un entramado delictivo que alcanzó cifras astronómicas: casi mil millones de pesos distribuidos en más de seiscientas operaciones fraudulentas. Entre los destituidos figura el capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, junto a ocho capitanes de corbeta y un suboficial que habrían participado activamente en el esquema.
El descubrimiento del escándalo remonta a febrero de este año, cuando los auditores internos de la institución realizaban la revisión rutinaria de los haberes correspondientes a enero. Fue entonces cuando detectaron anomalías graves: cinco empleados del Departamento Revista habían cobrado suplementos salariales que, según los controles, jamás debieron serles acreditados. Lo que parecía ser un problema aislado resultó ser apenas la punta de un iceberg. Los investigadores decidieron ampliar el perímetro de revisión hacia períodos anteriores, y fue así como salió a la luz un sistema montado con precisión para defraudar a la institución. El análisis comparativo entre los haberes liquidados y los lotes de pago oficiales confeccionados para ser enviados al Banco de la Nación Argentina reveló diferencias significativas y reiteradas a lo largo del tiempo.
Los números finales del relevamiento preliminar resultan escalofriantes para la imagen institucional. Se identificaron veintitrés beneficiarios distintos que recibieron dinero de manera irregular, acumulándose un total histórico de 981 millones 148 mil pesos durante un período que aún está siendo determinado con exactitud. Estas transferencias no fueron producto de errores puntuales ni de malas interpretaciones administrativas: el patrón sistemático de 645 acreditaciones fraudulentas sugiere una operación coordinada y deliberada, realizada con conocimiento de quiénes participaban en ella. La magnitud de los hechos comprobados llevó a que la institución castrense radicara una denuncia formal ante la justicia federal, específicamente ante el juzgado federal número dos a cargo del juez Sebastián Ramos.
El proceso disciplinario militar
En paralelo a la acción penal que ahora transita los tribunales federales, la Armada activó su propio mecanismo de castigo interno mediante la conformación de un Consejo de Disciplina. Este órgano colegiado funciona como un tribunal administrativo especializado en juzgar faltas gravísimas cometidas por personal militar, y posee la facultad de determinar sanciones que van desde arrestos rigurosos hasta la destitución definitiva de la institución. El consejo está integrado por tres miembros titulares: el propio jefe de estado mayor en carácter de presidente, más dos vocales que le suceden inmediatamente en grado o antigüedad, y un secretario del tribunal designado desde la Dirección de Personal. Este esquema busca garantizar ciertos estándares de debido proceso, permitiendo que los sumariados designen un abogado defensor para presentar sus argumentaciones frente a las acusaciones por faltas disciplinarias.
Desde el Ministerio de Defensa, el teniente general Carlos Presti intentó separar conceptualmente la responsabilidad individual de los acusados de la institución castrense en su conjunto. "Quiero preservar el prestigio histórico de la Armada. La institución no se define por unos pocos individuos que actúen como delincuentes", expresó el titular de la cartera en declaraciones públicas. Presti reafirmó las órdenes impartidas al almirante Romay para que ejecute las medidas correctivas sin dilaciones, incluyendo el proceso disciplinario que presumiblemente culminará con destituiciones. Según los análisis preliminares de los investigadores militares, los hechos comprobados reúnen suficientes elementos para ser calificados como faltas graves y gravísimas, lo que haría viable la expulsión definitiva de los implicados de las filas castrenses.
