Montoya acusa al oficialismo de silenciar la oposición en la Legislatura
El diputado radical denunció que el bloque mayoritario impide debatir temas sensibles y cortó el micrófono a legisladores opositores durante sesiones recientes.
Miguel Montoya, legislador provincial de la Unión Cívica Radical, salió al cruce del funcionamiento de la Legislatura de Formosa con críticas contundentes hacia el bloque oficialista. En declaraciones realizadas durante una entrevista radiofónica, el diputado denunció una actitud sistemática de censura que impediría analizar temas que comprometen a funcionarios provinciales. Según su perspectiva, la última sesión plenaria fue un ejemplo más de una práctica que se repetiría desde hace bastante tiempo: la interrupción de las exposiciones de legisladores de la oposición cuando estos pretenden cuestionar la gestión del Ejecutivo.
El punto de quiebre que motivó sus declaraciones fue la reciente sesión legislativa, donde la diputada radical Agostina Villaggi sufrió el corte del micrófono cuando intentaba fundamentar un nuevo pedido de juicio político. Montoya cuestionó con dureza esta acción, señalando que los responsables de la conducción de la Cámara no permitieron ni dos minutos de exposición antes de dar por agotado el tema. Para el legislador opositor, esta práctica resulta incompatible con la función que debería cumplir una Legislatura como espacio de deliberación democrática donde se escuchan posiciones distintas, se intercambian argumentos y finalmente se somete la cuestión a votación.
El bloque radical impulsa nuevamente un juicio político contra Miriam Radrizzani, presidenta del Tribunal de Cuentas de Formosa. Según explicó Montoya, la funcionaria enfrenta causas judiciales en las que se la acusa de falsificar documentación para apropiarse de un inmueble, una situación que a juicio de la oposición genera un conflicto evidente de intereses. El argumento que sostiene la iniciativa es de una lógica casi elemental: el organismo que Radrizzani dirige tiene la responsabilidad de fiscalizar que los funcionarios públicos no adulteren documentos, razón por la cual resulta inaceptable que quien encabeza esa institución enfrente precisamente esas acusaciones. Montoya aclaró que no se solicita una condena inmediata, sino tan solo la conformación de una comisión investigadora que analice el asunto y brinde a la funcionaria la oportunidad de defenderse.
Esta no es la primera vez que desde la oposición se presenta esta iniciativa. Ya durante 2022 el bloque radical impulsó un pedido similar que finalmente perdió estado parlamentario sin mayores avances. La diferencia ahora, argumentó Montoya, radica en que existe una causa penal en trámite con antecedentes procesales nuevos que justifican retomar el planteo. Sin embargo, denunció que la mayoría legislativa se niega incluso a discutir el tema, lo que genera en su criterio una clara demostración de que el debate parlamentario está condicionado por lealtades políticas antes que por criterios de interés público.
Montoya también apuntó contra Agustín Samaniego, presidente del bloque justicialista, quien había expresado recientemente que en la Legislatura formoseña existen debates genuinos. El radical consideró que tales afirmaciones distorsionan la realidad de lo que ocurre en el recinto. Según su perspectiva, lo que actualmente sucede es lo opuesto al concepto de debate: no hay escucha mutua, no hay intercambio de argumentos fundamentados y, por ende, no hay construcción de conocimiento colectivo que caracteriza a una deliberación democrática genuina.
Más allá de estas críticas sobre el funcionamiento institucional, Montoya extendió su cuestionamiento a la agenda legislativa en su conjunto. Consideró que muchas de las sesiones se dedican a sancionar declaraciones de interés provincial que, si bien generan consenso fácil, no generan ningún impacto concreto en la vida cotidiana de los formoseños. Según su evaluación, existe una desconexión entre lo que los ciudadanos necesitan que se debata y resuelva, y aquello que efectivamente ocupa tiempo legislativo.
Como un contrapunto positivo a este diagnóstico, Montoya destacó la reciente sanción de una ley relacionada con el uso de teléfonos celulares en las escuelas. Esta iniciativa, surgida del trabajo genuino en comisión con participación de especialistas, docentes, estudiantes y profesionales, funcionó a su juicio como demostración de que los consensos y debates serios son posibles cuando existe voluntad política de hacerlo. El legislador radical subrayó que fue la primera ocasión en años en que una comisión funcionó correctamente, convocando a diversos actores interesados y escuchando múltiples perspectivas antes de avanzar en la sanción de una norma.
