Sturzenegger prepara una reforma radical para desregular el mercado inmobiliario
El Gobierno busca eliminar la matrícula obligatoria y transformar el corretaje en una actividad comercial. La iniciativa generaría cambios profundos en la forma de operar de corredores, inmobiliarias y plataformas digitales.
El sector inmobiliario argentino podría experimentar una de las transformaciones más significativas de los últimos años. Federico Sturzenegger, titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, ultima los detalles de un proyecto que revolucionaría las reglas de juego en el mercado de bienes raíces. Aunque aún no ha ingresado formalmente al Congreso, el borrador ya desata posiciones encontradas entre quienes ven en la propuesta una modernización necesaria y quienes advierten sobre los riesgos de debilitar la protección al consumidor.
La reforma se articula sobre un cambio conceptual fundamental: pasar de considerar el corretaje inmobiliario como una profesión regulada a tratarlo como una simple actividad de intermediación comercial. Este giro aparentemente técnico genera una cascada de consecuencias prácticas que afectarían prácticamente a todos los actores del sector. Desde las inmobiliarias tradicionales hasta las plataformas digitales, desde los corredores independientes hasta los desarrolladores, todos verían modificadas sus condiciones de operación. El Gobierno argumenta que esta estrategia reduciría barreras de entrada, estimularía una competencia más abierta y permitiría la aparición de nuevos modelos de negocio adaptados a la realidad digital actual.
La medida más disruptiva del proyecto es la eliminación de la obligación de contar con matrícula profesional y título universitario para ejercer el corretaje. Actualmente, cualquiera que quiera intermediar en operaciones de compra, venta o alquiler debe registrarse en el colegio profesional de su jurisdicción, cumpliendo con requisitos de formación y ética específicos. Si la reforma prospera, esos trámites desaparecerían y la intermediación inmobiliaria quedaría sujeta únicamente a las normas generales aplicables a cualquier actividad comercial. Para los impulsores de la iniciativa, esto ampliaría el acceso a la profesión y multiplicaría las opciones para el público. Para los colegios profesionales y referentes del sector, significaría el fin de garantías importantes que protegen el patrimonio familiar, el bien más preciado de la mayoría de los argentinos.
Otro aspecto central de la propuesta reconfigura completamente el papel de los colegios inmobiliarios. Estas instituciones, que hoy administran la matrícula, ejercen funciones disciplinarias, aplican sanciones éticas y pueden suspender o excluir a profesionales por incumplimientos, se verían reducidas a simples asociaciones civiles voluntarias sin poder regulatorio ni facultades sancionatorias. El Gobierno confía en que las herramientas previstas en el Código Civil y Comercial, más las normas de defensa del consumidor vigentes, serían suficientes para supervisar la actividad. Sin embargo, los críticos señalan que desaparecería un sistema de control específicamente diseñado para una actividad que maneja operaciones de altísimo valor económico, lo que podría abrir puertas a malas prácticas o estafas difíciles de perseguir bajo un marco regulatorio genérico.
La presentación del proyecto ante el Congreso está prevista para los próximos días, y allí comenzará el verdadero pulso político. La reforma enfrentará defensas apasionadas de ambos lados. Quienes impulsan la desregulación destacarán la necesidad de modernizar un sector que, según su perspectiva, ha quedado rezagado frente a la competencia digital global. Los sectores que se oponen sumarán argumentos sobre la importancia de mantener estándares profesionales en operaciones que definen el futuro económico de las familias. Lo que está en juego va más allá de regulaciones técnicas: es la dirección que tomará el mercado inmobiliario argentino en la próxima década, y cómo se balance la búsqueda de competencia con la protección de los consumidores.
