Techint: un exejecutivo niega conocer pagos al Gobierno durante el kirchnerismo
En el juicio de los Cuadernos, Daniel Novegil declaró como testigo y aseguró desconocer supuestos pagos de la empresa al Estado argentino. La acusación sostiene que Roberto Baratta recibió millones para gestionar la salida de empleados de Venezuela.
La causa Cuadernos continúa revelando nuevas aristas en torno a los supuestos pagos que realizó Techint al Gobierno nacional durante la década del 2000. En esta oportunidad, Daniel Novegil, quien se desempeñó como presidente ejecutivo de SIDOR en Venezuela, compareció ante el Tribunal Oral Federal como testigo y fue confrontado con preguntas sobre las transferencias de dinero que la empresa habría efectuado a funcionarios públicos. Cuando le consultaron específicamente sobre estos supuestos movimientos financieros, el exdirectivo optó por responder con un escueto "no sé", evitando comprometerse con ninguna afirmación.
El trasfondo de esta declaración se remonta a 2008, cuando el gobierno de Hugo Chávez nacionalizó SIDOR, la filial venezolana del grupo Techint. Ese momento marcó un antes y un después en la operatoria de la compañía en territorio venezolano y generó una situación humanitaria compleja que requirió de coordinación entre empresarios, funcionarios y representantes diplomáticos. Novegil fue quien presidió SIDOR durante ese período turbulento, por lo que su testimonio resulta crucial para esclarecer qué sucedió durante esos meses convulsionados y cómo se gestionó la evacuación del personal argentino que trabaja para la multinacional siderúrgica.
Durante su presentación ante los jueces, Novegil relató pormenores sobre la compleja situación que atravesaba Venezuela en ese momento. Describió un clima de hostilidad generalizada hacia los trabajadores argentinos, con episodios de violencia que iban desde agresiones verbales hasta actos vandálicos. Recordó con detalle cómo en los accesos a la planta se registraban amenazas concretas contra los empleados de nacionalidad argentina, llegando incluso a quemar once autobuses en la puerta de entrada a principios de marzo de 2008. La xenofobia había alcanzado niveles preocupantes, con pintadas amenazantes en las instalaciones de la empresa y quema de efigies que generaban un clima de inseguridad permanente.
Sin embargo, al ser preguntado sobre los trámites administrativos para la salida de los trabajadores del país, Novegil brindó un testimonio que podría resultar incómodo para la acusación. Sostuvo que no enfrentaron impedimentos físicos para que el personal abandonara Venezuela ni encontraron obstáculos en las oficinas de Migraciones. Según su relato, la gestión de la evacuación se coordinó de manera fluida con las embajadas argentinas en territorio venezolano, lo que sugeriría que no habría sido necesario realizar pagos adicionales a funcionarios públicos argentinos para facilitar la salida de los empleados de Techint. Mencionó que Luis Betnaza, otro directivo histórico de la firma, fue designado para encargarse de las negociaciones relacionadas con este proceso.
La fiscalía, que sostiene que Roberto Baratta, exfuncionario del Ministerio de Planificación Federal, recibió millonarios sobornos de Techint para gestionar la salida segura de sus empleados de Venezuela, encontró así un testimonio que no respalda directamente esta teoría. La defensa del acusado, por su parte, utilizó las declaraciones de Novegil para fortalecer su posición, marcando que los canales diplomáticos funcionaron correctamente y que las embajadas fueron las encargadas de resolver las cuestiones humanitarias derivadas de la nacionalización de SIDOR.
Este martes, cuando se reanudó el juicio, también declaró Ricardo Prosperi, quien fue presidente de SIDOR antes de la nacionalización. Su testimonio coincidió en varios puntos con el de Novegil al retratar la gravedad de la situación que vivían los argentinos en Venezuela durante 2008. Prosperi enfatizó que la compleja realidad política y social del país caribeño en ese momento obligó a implementar estrategias de protección para el personal extranjero, pero su relato tampoco confirmó la necesidad de pagos ilícitos a funcionarios argentinos para lograr la evacuación. Los interrogatorios cruzados entre la fiscalía, la acusación y las defensas continuarán develando más detalles sobre este episodio que permanece en el centro de las investigaciones por corrupción de la era kirchnerista.
