Clorinda: Adjudican millones para murales sin especificar dónde ni cuánto pintar
La Municipalidad aprobó un contrato directo con cifras contradictorias y sin detalles técnicos. La maniobra administrativa deja entrever graves irregularidades en la gestión del intendente Ariel Caniza.
Un expediente municipal volvió a exponer las costuras de la administración clorindense. La Intendencia adjudicó en forma directa una partida millonaria destinada a la realización de murales urbanos, pero con tal grado de opacidad que genera sospechas fundadas sobre el manejo de los recursos públicos. El contrato fue aprobado en apenas 90 días, sin que nadie en la cadena administrativa exigiera las verificaciones básicas que debe cumplir cualquier gasto de envergadura en el sector estatal.
Lo más grave del asunto es la inconsistencia numérica que atraviesa todo el expediente. Mientras que en la redacción literal se consignó una suma de $6.000.001, los números volcados en el casillero correspondiente reflejan $8.000.001. Ese desfasaje de dos millones de pesos no fue corregido antes de que la Intendencia comprometiera los fondos del contribuyente. La discrepancia sugiere un armado negligente de las actuaciones y pone en evidencia la falta de control interno en dependencias que debieron verificar estas inconsistencias antes de autorizar el desembolso.
Un contrato sin especificaciones técnicas
Pero la irregularidad trascendental no termina en los números contradictorios. El contrato que rubricó la gestión de Caniza carece completamente de precisiones técnicas elementales. La documentación no especifica cuántos metros cuadrados serán pintados, no indica la cantidad de obras que integran el proyecto y omite por entero identificar en qué calles, barrios o edificios públicos se ejecutarán las tareas. Es como si la Municipalidad hubiera firmado un cheque en blanco sin siquiera saber qué va a recibir a cambio del dinero desembolsado.
Esta ausencia sistemática de datos convierte el contrato en un instrumento que blinda la discrecionalidad del gasto. En cualquier contratación estatal responsable, resulta obligatorio fijar objetivos cuantificables, establecer un relevamiento territorial previo y detallar la localización geográfica de los trabajos. Al eludir estos requisitos mínimos, la Intendencia invalida los mecanismos de fiscalización que corresponde aplicar. Los vecinos —que son quienes financian estos gastos— no tienen forma de verificar si el dinero destinado guarda alguna proporcionalidad con el servicio contratado. Es imposible auditar algo que no está claramente definido.
Cuestionamientos desde la sociedad civil
Desde sectores críticos de la gestión institucional ya se levantaron señales de alerta. Los cuestionamientos no van dirigidos hacia el trabajo de quienes realizan los murales ni hacia el valor intrínseco de la cultura urbana. El reclamo apunta directamente a la conducta fiscal del Ejecutivo municipal. "El problema es la total falta de transparencia, los contratos turbios, los montos inconsistentes y la ausencia de indicación de localizaciones y cantidades de trabajo", expresaron desde organismos de control ciudadano. Este tipo de operatorias administrativas —que se repiten en la gestión Caniza— socavan la credibilidad de la administración pública local y generan desconfianza legítima en la ciudadanía sobre cómo se gastan sus impuestos.
La responsabilidad política recae en el intendente Ariel Caniza, quien debe ofrecer explicaciones inmediatas sobre este contrato inconsistente. Corresponde que transparente el destino real de los dos millones de pesos que no encuentran justificación en los papeles, que rectifique un trámite viciado en sus fundamentos y que implemente mecanismos de control que eviten que se repitan estas maniobras. Mientras tanto, el expediente permanece como un símbolo más de una administración que prioriza la discrecionalidad sobre la responsabilidad fiscal con la comunidad.
